La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la tramitación de los incidentes de recusación presentados contra dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, en un escrito en el que recuerda que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 años y medio de cárcel, participó en 2008 en la votación en el Senado en la que la presidenta del tribunal fue elegida como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En dos escritos remitidos a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, de la que forman parte los dos jueces, las fiscales del caso, Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, concluyen que no puede afirmarse que las «dudas» sobre su falta de imparcialidad albergadas por los recurrentes resulten «de todo punto irracionales».
Las fiscales también recuerdan que cuatro exdiputados del PP en la Asamblea de Madrid que están acusados en el procedimiento -Alfonso Bosch Tejedor, Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado- participaron en la votación de la candidatura de Enrique López como magistrado al Tribunal Constitucional en 2008, de acuerdo con el diario de sesiones de la Cámara autonómica.
En este sentido, los escritos avalan las reservas expresadas por el PSOE y ADADE, que ejercen las acusaciones populares en la causa y presentaron las recusaciones, al tratarse de dos magistrados que «han desempeñado un cargo en cuya designación ha intervenido el PP» y en la que «incluso han participado con su voto personal -cierto que secreto-» cinco de los acusados en el procedimiento.
En el caso de la elección de Espejel, las fiscales incluso subrayan que el vídeo del Pleno del Senado que se celebró el 17 de septiembre de 2008, que puede verse en la página oficial de la Cámara Alta, muestra que Bárcenas, entonces senador por Cantabria, «participó en la votación de la candidatura» para el nombramiento de vocales del Poder Judicial.
López y Faes
En el caso de López, Nicolás y Sabadell reconocen que las «dudas» de las acusaciones se verían «intensificadas» por la participación de López en conferencias en la Fundación para el Análsis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar, «en la que habría coincidido» con distintos miembros de esa formación política, entre ellos Carlos Clemente. Además, subraya que la exministra de Sanidad Ana Mato, a quien se atribuye la condición de partícipe a título lucrativo, es vocal del Patronato de la fundación.
«Ha de tomarse en consideración que durante los años 2003 a 2010 se estableció una relación singular entre López y la Fundación FAES, financiada por el Partido Popular — al que se reclaman responsabilidades como partícipe a título lucrativo– relación de la que podría haber obtenido retribuciones cuya cuantía, en su caso, pretenden acreditar los recusantes», señalan.
A ello se sumaría, la relación de parentesco aducida por los socialistas «en caso de ser cierta». Estas acusaciones alegaron que un cuñado del magistrado, Miguel Hernán Manovel García, está considerado como la «persona de confianza» del constructor José Luis Ulibarri, acusado de dar comisiones al líder de la red Gürtel Francisco Correa y a funcionarios para conseguir adjudicaciones públicas.
Añaden que a su cuñado le nombró Ulibarri consejero delegado de UFC, empresa vinculada al caso, y vicepresidente de su grupo Begar y que a estas sociedades «previsiblemente se les atribuirá la condición de responsables civiles subsidiarias en este procedimiento».
Doctrina del TC y del TEDH
En los dos casos Anticorrupción destaca la «notoria relevancia de las apariencias en el ámbito de la recusación de magistrados» y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar «el derecho a un juez imparcial por parte de los órganos de la jurisdicción española».
En este sentido, señala que la «doctrina asentada» del TEDH reitera que «incluso las meras apariencias pueden revestir importancia», de forma que debe tomarse en consideración «la perspectiva del que pone en duda la imparcialidad aunque no sea éste el elemento decisivo sino la posibilidad de considerar los temores del interesado objetivamente justificados».
En la misma línea jurisprudencial, recalcan que «la exigencia y relevancia de tal apariencia de imparcialidad» ha sido reconocida en distintas ocasiones por el Tribunal Constitucional hasta el punto de que en 2007 tanto su presidenta, María Emilia Casas, como su vicepresidente, Guillermo Jiménez, «se abstuvieron» de forma voluntaria en un procedimiento, en referencia al recurso de inconstitucionalidad que el PP interpuso contra la reforma de la Ley Orgánica que regula el Constitucional.
En aquella ocasión Casas y Jiménez argumentaron que podría suscitarse «apariencia de pérdida de imparcialidad» a la vista de que uno de los preceptos recurridos por los 'populares' afectaba directamente a sus funciones como presidenta y vicepresidente.
Inútil la declaración de Cospedal
En todo caso, Anticorrupción se opone a las declaraciones de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y del exministro de Justicia Federico Trillo en los incidentes de recusación, solicitadas por los recurrentes, al considerar que son «inútiles e impertinentes» respecto de los hechos que se pretenden acreditar. Tampoco consideran necesarios los interrogatorios a los jueces recusados y sólo apoyan la petición de documentación a la FAES que acredite la participación de López en sus cursos.
El PSOE solicitó la recusación de López por su «íntima vinculación» y su «afinidad ideológica» con el PP mientras que ADADE la amplió también a Espejel y subrayó las «óptimas relaciones» de los dos magistrados con la formación presidida por Mariano Rajoy.
En el banquillo de los acusados del juicio por la primera época de actividades de la red Gürtel (1999-2005) se sentarán 40 personas, entre los que se encuentran el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, que se enfrenta a una petición de la Fisclaía de 125 años de cárcel, así como tres extesoreros 'populares': Luis Bárcenas (para el que el Ministerio Público pide 42 años y medio de cárcel), Álvaro Lapuerta (tres años) y Ángel Sanchís (ocho años).