Greenpeace ha instalado este viernes una treintena de bidones imitando bidones radiactivos en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la construcción de un cementerio de residuos nucleares (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas.
La organización ecologista, que ha comenzado este viernes, 18 de septiembre, pretende así concienciar del «peligro» que, a su juicio, constituye la instalación, teniendo en cuenta que los residuos nucleares de alta actividad deberán ser trasladados por carreteras desde las centrales nucleares españolas hasta el almacén temporal centralizado.
Por ello, los responsables de la acción portan una pancarta con el lema '¡Peligro! Ruta nuclear en 216 municipios' y la reivindicación 'No al cementerio nuclear', reclamando una moratoria al proyecto de construcción del ATC al consideralo «caro» e «innecesario».
«Bidones radiactivos reales podrían estar ahora circulando por nuestras carreteras y cruzando más de 200 pueblos de España –ha asegurado la responsable de Campañas de la organización, Raquel Montón–. Un riesgo que no necesitamos, como tampoco tenemos necesidad gastarnos más de 1.000 millones de euros en construir el ATC. Desde Greenpeace queremos reiterar que es un peligro y que no es necesario. Por eso exigimos una moratoria y animamos a los municipios afectados a que se sumen a ella».
Greenpeace ha advertido también de otras consecuencias que, a su juicio, tendría la instalación del ATC en Villar de Cañas. Así, además del riesgo por el transporte de residuos radiactivos por carretera, consideran que la infraestructura provocará también daños económicos a la región (en términos de disminución del valor de los terrenos y productos locales), mayor ansiedad entre la población del lugar y los municipios por los que discurra el transporte, y «despilfarro económico».
En este último punto, la organización asegura que el ATC de Villar de Cañas tendrá un coste de unos 1.000 millones de euros, frente a los 20 millones de eutos que, según indican, cuesta construir un almacén temporal individualizado (ATI) en una central nuclear.
Además, en lo referente a la obligación de España de repatriar los residuos nucleares enviados a Francia tras el incendio del reactor 1 de la central de Vandellós (Tarragona) en 1989, se muestra convencida de que «se puede renegociar una vez más la fianza con Francia respecto a los residuos nucleares que están alojados en La Hague».