El Gobierno central se endeudará en 630,57 millones de euros adicionales para poder pagar a los funcionarios del Estado un 'cuartillo' de la paga extraordinaria de la Navidad de 2012 que se les eliminó, así como para hacer frente a otros gastos como la compra de carros militares, el abono de pagos pendientes del Ministerio de Fomento o la cobertura de un contrato para vaciar y limpiar el buque ruso hundido frente a las costas canarias.
Así consta en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley con el que se autoriza la devolución a la Función Pública, a comienzos de octubre, de un 26,23% de la paga extra navideña y los días de asuntos propios que fueron eliminados al inicio de la legislatura.
El grueso de esos 630,57 millones de euros se destinará precisamente al pago de esa cuarta parte de la extraordinaria a los funcionarios, que sólo al Estado le costará 251,86 millones de euros según el decreto ley, que será convalidado en la Cámara Baja a final de mes.
Los funcionarios autonómicos y locales no tienen garantizado el cobro, ya que sólo se realizará si las diferentes administraciones tienen capacidad económica para afrontarlo. En caso contrario, deberá realizarse en el primer ejercicio en que haya disponibilidad presupuestaria.
Personal público excluido
Además, en el decreto ley se precisa que esta medida afecta al personal funcionario y laboral de los ministerios, los organismos autónomos, las agencias estatales, los organismos públicos con créditos de gasto limitados, las entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Quedan fuera, por tanto, el Banco de España, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las sociedades mercantiles y entidades empresariales públicas, las fundaciones y consorcios públicos y los órganos constitucionales como las Cortes, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con respecto a los días de libre disponibilidad, el decreto ley establece que los funcionarios volverán a contar con los seis 'moscosos' que tenían antes de 2012 tras recuperar el último que quedaba pendiente, y además podrán disfrutar también de los llamados 'canosos'.
Éstos consisten en cuatro días por cada cinco años de servicio a partir de los primeros quince años, dos adicionales con el sexto trienio y uno más desde el octavo y sucesivos. Las jornadas de este tipo correspondientes a 2015 podrán disfrutarse hasta el 31 de enero del año próximo.
Al no saberse cuántas administraciones territoriales decidirán devolver estos días y en qué cuantía a sus empleados y tampoco saber cuántas suplencias se contratarán para cubrir los servicios públicos afectados, el Gobierno «no ha podido formular una estimación de impacto presupuestario de la medida», tal y como se señala en el informe.
Sellar el buque hundido
Más allá de esta cantidad, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento utilizará 251,33 millones de euros más para atender «incidencias» en los contratos plurianuales firmados en años pasados, que hasta ahora no se han podido pagar por culpa de la reducción «progresiva y constante» del presupuesto para inversiones públicas desde 2010, tal y como reconoce el Ejecutivo.
Ese dinero se repartirá entre expropiaciones (90,33 millones de euros), deuda derivada de ocupaciones de terrenos (30,27 millones), intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones y liquidaciones (45 millones), revisiones de precio (59 millones) y nuevas certificaciones finales y liquidaciones (26,73 millones).
También Salvamento Marítimo (SASEMAR) recibirá una porción del nuevo endeudamiento, algo más de 31 millones de euros, para financiar gastos extraordinarios ante el hundimiento del buque Oleg Naydenov en Las Palmas.
Y es que los primeros trabajos de sellado de fugas del buque puso de manifiesto la falta de estanqueidad del pecio, lo que ha obligado a contratar a una nueva empresa, Svitzer Salvage, B.V., para que extraiga el fuel y selle definitivamente las fugas.
El Ministerio de Agricultura también recibirá 76,33 millones de euros para atender pagos pendientes por revisiones de precios, sentencias, convalidaciones, expropiaciones, reclamaciones e intereses en inversiones de años pasados (36 millones), así como para abonar obligaciones contraídas con varias confederaciones hidrográficas para el pago del IBI (40,32 millones).
Nuevos vehículos para el Ejército
Por otra parte, el decreto ley prevé destinar 20 millones de euros de la nueva deuda a la compra de 92 vehículos militares para el Ejército de Tierra, que según la memoria carece actualmente de suficientes vehículos todoterreno de gran tonelaje y medio tonelaje con la necesaria protección por blindaje.
Según explica el Gobierno, «la preparación de las unidades del Ejército de Tierra para poder ser empleadas en operaciones internacionales precisa de gran capacidad de movimiento de fuerzas en vehículos apropiados» para determinadas condiciones.
Sin embargo, el Ejército de Tierra «está utilizando al máximo, incluso al límite del fin de ciclo de vida, vehículos de gran antigüedad cuyo desgaste se ha ido incrementando hasta llegar a una situación de escasez en la cantidad de medios disponibles y en un estado operativo y de utilización excesivamente degradado».
Por eso, el Ejecutivo ha decidido comprar 45 NMLTT de cuatro toneladas y otros 47 CNLTT de tonelada y media para carga general y diversos fines, endeudándose en 20 millones de euros adicionales para pagarlos.
El decreto recoge otras medidas que no costarán nada al Estado, según figura en la memoria. Por ejemplo, se permite a los secretarios de municipios de menos de 5.000 habitantes ejercer las funciones de tesorería y recaudación, en aras a «avanzar en la profesionalidad y eficacia de las funciones reservadas a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional».
No obstante, el Gobierno considera que esta reforma tendrá «un impacto económico positivo» ya que los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional gozarán ahora de una «mayor seguridad jurídica» y podrán por tanto «mejorar el cumplimiento de la normativa presupuestaria y financiera en las entidades locales», que conseguirán así nuevos ahorros.
Tampoco costará nada al erario público la modificación de la Ley de Universidades para permitir las promociones internas al cuerpo de catedráticos y autorizar con carácter permanente la provisión de puestos docentes vacantes con profesores titulares y catedráticos de otras universidades.
Igualmente, la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para incluir como criterio de solvencia a la hora de contratar con las administraciones públicas el pagar a los proveedores en el plazo legalmente establecido tampoco tendrá impacto presupuestario.