El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supemo ha confirmado este miércoles que los afectados por la talidomida no serán indemnizados. El alto tribunal ha rechazado el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas en España (AVITE), por ocho votos frente a uno.
El alto tribunal había iniciado a las diez y media su deliberación sobre el recurso presentado por la asociación, que reclama indemnizaciones a la farmacéutica alemana Grünenthal. La Audiencia Provincial de Madrid absolvió en 2014 al laboratorio y anuló las compensaciones económicas que había fijado el juzgado de primera instancia.
Pese a que la asociación contaba con el apoyo de la Fiscalía en su recurso, el alto tribunal confirma la interpretación de la Audiencia Provincial de Madrid de considera que la acción de reclamación estaba prescrita por haber transcurrido con creces, incluso en la hipótesis más favorable para los afectados, el plazo de un año establecido en la ley para el ejercicio de este tipo de acciones. El Supremo deja a salvo no obstante la posibilidad de futuras reclamaciones civiles fundadas en la aparición de daños no conocidos o en la agravación de los actuales.
Los afectados recurrirán
Los afectados han mostrado su decepción y han anunciado que recurrirán el caso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia). «Es un mazazo, pero vamos a seguir luchando hasta el final», ha defendido el presidente de la asociación, José Riquelme, en declaraciones a los medios a las puertas de la sede del alto tribunal, donde permanecía junto con varios afectados a la espera de conocer el fallo definitivo.
Por ocho votos frente a uno, el Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por AVITE ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2014 absolvió al laboratorio Grünenthal de pagar las compensaciones económicas que había fijado el juzgado de primera instancia, al entender que el caso había prescrito. Riquelme ha asegurado estar «bastante decepcionado» con la sentencia del Supremo y ha admitido que «no la esperaban» después de que la Fiscalía General del Estado hubiera aportado un informe de más de 200 folios apoyando su caso.
Por su parte, el abogado de Avite, Ignacio Martínez, ha lamentado que están «acostumbrados a los jarros de agua fría» y ha recordado que la decisión representa un «agravio comparativo» con lo que sucede en otros países como Alemania o Australia, donde sí están indemnizando a estos afectados.