La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá la reapertura de 21 causas contra la presunta dirigente etarra Iratxe Sorzábal por actos de terrorismo que habría cometido como integrante del 'comando Ibarla', que actuó en Guipúzcoa entre los años 1994 y 1997, informaron fuentes del Ministerio Público.
Sorzábal, detenida el pasado martes en Francia junto a David Pla en una operación que supone el descabezamiento de la cúpula de la banda terrorista ETA, únicamente está imputada en la Audiencia Nacional por un delito de estragos terroristas que habría cometido por participar en un atentado con explosivos que se produjo en 1996 en la localidad guipuzcoana de Irún.
No obstante, el departamento dirigido por Javier Zaragoza pedirá la reapertura de otros 21 procedimientos relativos a su actividad en este 'comando' si, tras el análisis de la documentación y el material informático incautado a los jefes de ETA, halla nuevos indicios incriminatorios.
Falta de pruebas
Estos procedimientos, según las citadas fuentes, se archivaron sin llegar a juicio porque el único indicio que existía contra la terrorista era la confesión que realizó en 2001 ante la Guardia Civil, en la que alegó haber sufrido torturas, y no existir otros indicios probatorios. En septiembre de ese año quedó en libertad por falta de pruebas y pasó a la clandestinidad.
Entre los atentados que podrían volver a investigarse se encuentra el del ertzaina Ramón Doral Traballero, al que ETA colocó una bomba-lapa en su vehículo en 1996, y el del policía Eduardo López Moreno, asesinado con un artefacto colocado en la antigua Casa Cuartel de Endarlaza (Navarra) en 1994. También se le atribuye la participación en la colocación de cinco artefactos explosivos en diciembre de 1995 en El Corte Inglés de Valencia, cuyo estallido causó la muerte de Josefina Corresa.
La Guardia Civil también atribuye al 'comando Ibarla' la colocación de artefactos explosivos en recintos aduaneros de puestos fronterizos de Navarra, en los Juzgados de San Sebastián, Vitoria, Pamplona y Gijón así como los ataques contra intereses turísticos de las localidades de Denia, Altet y Oliva (Alicante).
Una causa y otra posible
David Pla, el otro jefe de ETA detenido el pasado martes fue procesado en junio de 2014 por el juez Javier Gómez Bermúdez por formar parte del denominado 'frente jurídico' de ETA, denominado Halboka. Se le atribuye un delito de integración en organización terrorista junto a otras nueve personas, entre ellas los abogados Arantza Zulueta, Iker Sarriegui y Jon Enparantza.
Además, la Fiscalía se plantea pedir la reapertura de la causa contra Pla por el asesinato, el 6 de mayo de 2001, del presidente del Partido Popular (PP) de Aragón, Manuel Giménez Abad, al considerar que pudo formar parte, junto a Aitor Lorente y Ainara Esterán, del 'comando' de información que facilitó el atentado.
En agosto pasado el juez Ismael Moreno reabrió este procedimiento contra el exjefe de la banda Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, 'Ata', después de que el hijo de Giménez Abad, que presenció el asesinato, le reconociera como la persona que realizó los disparos.