La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años de cárcel para el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros.
De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal. En su escrito de acusación, de 25 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.
Reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como «cómplices» María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.
En un comunicado, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha explicado que «el largo devenir de este procedimiento penal –iniciado en 2008– ha motivado que la Fiscalía invoque la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas», mostrando «su satisfacción por la celeridad en la tramitación» de la fase intermedia previa al juicio oral de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, «por cuanto que permitirá abordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad».
El Ministerio Público relata en su escrito que Lopera, como consejero delegado del Betis desde el 2 de septiembre de 1992, propuso en abril de 1993 al Consejo de Administración «a fin de procurar solvencia» al club «ante su deficitaria situación económica» que Tegasa gestionara los recursos de la entidad, «materializándose su consentimiento» en la suscripción en un contrato de «arrendamiento y prestación de servicios» entre el presidente del Betis, José León, y Tegasa, representada por su administrador único, el procesado Francisco Javier Páez.
Tegasa
Este contrato «tenía por objeto conseguir apoyo económico y financiero» para el Betis, dice la Fiscalía, que añade que Lopera «gestionaba» el Betis y Tegasa «con el asesoramiento» de Molina, «perito mercantil e íntimo colaborador, a quien había otorgado plenos poderes para actuar en nombre de Tegasa», ejerciendo «como administrador de hecho de la misma, desempeñando el procesado y sobrino de Lopera Francisco Javier Páez un cargo puramente testimonial» hasta que fue sustituido en enero de 1996 por González Martínez, nombrada por Lopera administradora única de Tegasa «por ser de su confianza y socia» en la entidad Frigimueble desde 1975.
Conforme al contrato suscrito, Tegasa «se obligaba a atender pagos ordenados por el club, hasta el límite de 850 millones de pesetas, a cambio de ceder en arrendamiento el Real Betis sus instalaciones, derechos y servicios para gestión y cobro, con compromiso de respetar 'el fin primordial del Real Betis: la práctica del fútbol en competición oficial'», agregando que Tegasa «afrontó mayores gastos que los comprendidos en la pericial».
La Fiscalía explica que «dichos mayores gastos resultan» de cuentas contables de Tegasa acreditan «mayores gastos de 336.884,280 pesetas, que sumados a 2.715.716,338 pesetas informados por la pericial, supone una aplicación por Tegasa de recursos económicos en beneficio de la actividad deportiva del Betis ascendentes a 3.052.600.618 pesetas –18.346.499,21 euros–«.
«Las cuentas anuales del Real Betis informaban a los accionistas en el informe de gestión, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de auditoría de la realización de los diversos contratos de prestación de servicios con Tegasa», dice el Ministerio Público, que asevera que las cuentas se aprobaron en las juntas generales en todas las temporadas, no existen impugnaciones de los acuerdos o reclamaciones por impedimento u obstrucción del ejercicio del derecho de información a accionistas».
En este punto, explica que en 1999 los resultados positivos de temporadas anteriores y la corriente, 98/99 –27,3 millones de euros– «evidenciaron el cumplimiento de los objetivos y finalidad de los contratos suscritos», señalando que Lopera firmaba contratos a partir de 1996 en representación del Betis en su calidad de consejero delegado, «a pesar de su vinculación personal y patrimonial con Tegasa y Farusa». Añade que «por ello tenía el deber de ser el más celoso gestor de los intereses del club, aprovechó favorables circunstancias económicas para perpetuarse al frente, disponiendo y planificando arbitrariamente el futuro a corto y medio plazo del Betis para que siguiera bajo su gestión y tutela como si fuera otra sociedad más de su grupo familiar».
Todo ello, «incumpliendo» deberes de diligencia y «extralimitándose en sus funciones, sin informar ni contar con la aquiescencia del consejo de administración, organizó la sucesión de Tegasa en la gestión de recursos y fondos del Betis, sustituyéndola por una sociedad creada para ello, Encaje del Deporte Sociedad Anónima (Encadesa)», punto en el que precisa que, junto con González Martínez, «continuaron con la gestión a través de Tegasa y Encadesa, dando cobertura formal a ésta con contratos suscritos «entre ellos mismos, sin intervención ni autorización del consejo de administración del club».
«La firma de los contratos es utilizada por Lopera, con colaboración de administradores de hecho y de derecho acusados Molina Pérez y González Martínez, para beneficiar económicamente a Tegasa y Encadesa en detrimento económico del club, con cesión a las mismas y a otras entidades de su grupo familiar de derechos o fondos del mismo carentes de justificación, conforme» a una serie de cláusulas que describe la Fiscalía y conforme a las que Tegasa «mantiene de facto la gestión de los derechos de imagen de los jugadores y técnicos del Betis».
Así, el Ministerio Público señala que la gestión de derechos de imagen y la derivada de derechos de patrocinio «han generado unos beneficios a Tegasa de 591.017,41 euros hasta la finalización de relaciones en el 2008, no constando su liquidación al Betis», agregando que, «como en la etapa anterior, Encadesa afrontaba s pagos y gastos propios del club de todo orden a cambio de asumir y obligarse frente al Betis al pago de una cantidad fija de 1.750 millones de pesetas». La Fiscalía cifra en 3.078.742,84 euros los beneficios de Encadesa «no liquidados ni devueltos» al Betis.
Por el contrario, la Fiscalía considera que no ha quedado probado que Lopera ejecutara «un plan preconcebido desde que fuera vicepresidente económico del club» ni tampoco que el traspaso por 2.000 millones de pesetas de Roberto Ríos, que originó un resultado beneficioso para el Betis de 1.800 millones, «sin la interposición de Tegasa en su negociación, hubiera originado mayor beneficio o ingresos al club».
Dice que no han quedado probados los hechos relativos a la venta de acciones de Farusa a Bitton Sport en 2010 por no constituir delito al «no concurrir acto de disposición sobre bienes de titularidad del Betis, sino de Farusa», a lo que suma que «no consta que esta compraventa haya causado 'perjuicios económicamente evaluables'».
El Ministerio Público, además de los tres años de prisión para Lopera, solicita tres años para Molina, y uno para Ferraro de Mora y González Martínez, mientras que interesa la libre absolución de Francisco Javier Páez Ruiz, Ana María Ruiz Peña, Ángel Martín y del ex consejero delegado del Betis Luis Oliver.