El juzgado de instrucción número 2 de Madrid investiga si el exsecretario de las infantas Carlos García Revenga avisó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', de que su teléfono estaba intervenido, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
En un auto emitido el pasado 18 de septiembre el juez que investiga los hechos, Arturo Zamarriego, pide a las operadoras Telefónica y Orange que faciliten las llamadas de los números de teléfono de García Revenga y del conductor del joven durante el 10 de octubre de 2014, justo cuatro días antes de que fuera detenido el 'pequeño Nicolás' acusado de estafa.
El magistrado justifica el rastreo de las llamadas por «la investigación de delitos graves», y como única manera «para la identificación de los autores al no existir otros mecanismos de averiguación de la verdad».
Francisco Nicolás Gómez fue detenido el pasado 14 de octubre acusado de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad por hacerse pasar por asesor del Gobierno de España, y desde entonces ha asegurado que ha colaborado con «el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con Presidencia y con la Casa Real».
«Me detuvieron porque tenía mucha información, porque sé demasiado», asegura desde entonces aunque advierte de que «lo primero que hicieron» tras su detención fue borrar sus 'whatsapp' con personalidades del Estado y sus emails. «Pero son tan chapuzas que no lograron eliminar todo. Aún tengo en mi poder material», ha indicado en alguna entrevista.
Siempre ha defendido que antes de su detención fue avisado por quien fuera secretario personal de la infanta Cristina, al que se refiere como uno de sus «contactos» en la Casa Real. «Estuve detenido casi 72 horas sin que nadie me dijera por qué. Lo pasé muy mal», ha manifestado.
El 'pequeño Nicolás' se encuentra en libertad con cargos. Tras su detención, compareció ante la juez del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con documentación falsa. Esta juez se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, cuyo titular instruye las diligencias de origen. Además, desestimó el delito de usurpación de funciones públicas.