El diputado socialista Antonio Trevín ha acusado este miércoles al Gobierno de conceder contratos millonarios al propietario de la empresa de Seguridad Integral Canaria (SIC) y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que, según ha dicho, «está acusado de evasión al fisco, defraudación a la Seguridad Social y apropiación indebida en cuantías que superan los 20 millones de euros».
«Su propietario está logrando jugosos contratos con la Vicepresidencia del Gobierno, con el Ministerio de Defensa, con la Tesorería de la Seguridad Social y con el Ministerio de Fomento», ha denunciado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Trevín ha reprochado al Ejecutivo que indultase a esta persona en el año 2013 «para que no entrase en la cárcel por construir en espacio protegido». «Encima el ministro Soria le llenó de elogios diciendo que es el concepto de emprendedor más puro», ha remachado.
Según el diputado socialista, «este mismo año Vicepresidencia le prorrogó el contrato de Patrimonio del Estado, 12 millones de euros, y Adif le adjudicó parte de la zona sur de España, otros 6 millones más al año». «¿Van a volver a indultarlo después de que el Tribunal Supremo rechazase el indulto anterior? ¿les queda algo de vergüenza?», se ha preguntado.
Trevín ha hecho estas acusaciones en el marco a una pregunta dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que le ha criticado por la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, en vigor desde hace dos años.
«El Ministerio ha acordado 250.000 contratos con 50 empresa y muchas incumplen convenios colectivos, en algunos de esos consejos de administración se sientan ex ministros o familiares de miembros del PP, otras aparecen en la Gürtel o son donantes del PP», ha insistido Trevín para quien el caso de la empresa de Seguridad Integral Canaria es «el más paradigmático».
En su réplica, el ministro se ha limitado a defender la citada Ley asegurando que el Gobierno no ha hecho «nada que le aleje de lo que es normal en la Unión Europea». «Han pasado dos años y se han cumplido los objetivos para los que aprobó que era facilitar y actualizar una ley que era buena, pero desfasada», ha dicho Fernández Díaz.