La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha defendido este jueves que ha actuado y seguirá actuando «con criterios estrictamente jurídicos, con independencia de las diferentes situaciones políticas que puedan irse sucediendo», tras la citación del presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por la querella del 9N.
El comunicado se produce un día después del emitido por la Fiscalía Superior de Cataluña defendiendo la citación tras el proceso electoral. Hoy, el tribunal afirma que «intentar deslegitimar por conveniencias políticas o partidistas al Poder Judicial y a los magistrados que lo integran, con el propósito de condicionar o censurar sus decisiones, no es propio de países que se consideran democráticamente avanzados».
De este modo, la Sala declara que seguirá cumpliendo con sus funciones «en la forma sosegada e independiente en que lo viene haciendo», saliendo al paso así a los juicios de intenciones interesados que se están haciendo públicamente sobre sus actuaciones judiciales, según afirman.
Aseguran que las decisiones sobre la instrucción las toma «de forma autónoma el magistrado instructor», teniendo en cuenta el calendario previo de señalamientos de la Sala, los conflictos de fechas que afecten a las personas citadas y a sus abogados y las disponibilidades logísticas de su secretaría.
Según el comunicado, una vez admitida a trámite una querella, la declaración del querellado es obligada «sin que la situación procesal de los querellados en la causa varíe, asistiéndoles la presunción de inocencia».
Con todo, el TSJC reconoce la «trascendencia política» que puede tener esta causa dada la condición pública de los querellados, pero defiende las actuaciones judiciales.
Tras el comunicado de fiscalía
Este miércoles ya emitió un comunicado la Fiscalía Superior de Cataluña ante las críticas por la citación de Mas tras las elecciones del 27S, asegurando que hubiera sido «poco sensato» citarle en plena campaña electoral y defendiendo su imparcialidad.
La Fiscalía consideró que la fecha escogida por el TSJC para la citación responde «adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de investigación como al respeto al reciente proceso electoral».