La investigación judicial sobre el entramado societario del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se centra en una «red de movimientos económicos con repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países», ha concretado la Audiencia Provincial en un auto hecho público este jueves.
En el escrito en el que el órgano judicial confirma la prisión provisional comunicada y sin fianza que se impuso al presunto testaferro Alberto Portuondo, los magistrados se refieren en varias ocasiones a la «solidez» de las pruebas que obran en la causa y que afectan no sólo a éste imputado, si no también «a otras personas» vinculadas con la trama.
Aseguran que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no pueden calificarse como «pobres ni incompletos» y «mucho menos de incoherentes». Apuntan al cobro de comisiones irregulares a cambio de la concesión de contratos de publicidad de Bankia, parte de las cuales habrían terminado en manos de Rato.
El auto describe operaciones contractuales que, desde Bankia, recorren Publicis Comunicación España, Zenith Media, Albisa Inversiones y Asesoramiento y Kradonara 2001 y «dan curso al dinero». La cantidad –agrega– «no es baladí en absoluto; todo indica que ha sido sustancial».
Las investigaciones iniciales apuntan a que Portuondo primero intermedió y después participó «decisivamente» en la concesión de contratos de publicidad de la entidad a las empresas Publicis y Zenith. Utilizando la empresa Albisa y, a través de sucesivas contrataciones, el testaferro acabó embolsándose «importantes cantidades de dinero (dos millones de euros) parte de las cuales terminan en la sociedad Kradonara 2001, perteneciente a Rodrigo Rato», especifica el auto.
«No son meras elucubraciones»
La Audiencia de Madrid asegura que esta teoría no se construye sobre «meras elucubraciones». Por el contrario, se ampara en declaraciones de testigos que intervinieron directamente en las distintas operaciones y en abundante documentación que confirma «la dinámica seguida».
El auto también desvela los argumentos empleados por Portuondo para defender que debe ser puesto en libertad. El imputado dice ser «una especie de asesor genérico de varias personas de Bankia» y añade que «pese a los más que cuantiosos emolumentos que percibía, no emitía casi nunca informes ni estudios», sino que daba su opinión en reuniones y charlas. También niega una relación próxima a Rato y se distancia enormemente de las operaciones con las que se le vincula. Llega a asegurar, además, que su situación económica no es buena a consecuencia de la crisis.