El Grupo Popular en el Congreso ha rechazado este martes la proposición de ley presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV) para la suspensión por ley de la venta de armamento a países «invasores» u ocupantes de territorios ajenos. Según la diputada 'popular' Andrea Fabra, España ya cuenta con un marco legal que establece los sistemas de control pertinentes para cumplir con el Derecho Internacional.
Con su iniciativa, la Izquierda Plural pretendía, según ha explicado el diputado de ICV Joan Josep Nuet, «reforzar el papel internacional de España y su compromiso con la paz, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional» embargando la venta de material bélico a los actores que provoquen un conflicto.
Nuet ha puesto el ejemplo de Arabia Saudí, país al que, según ha asegurado, España vendió armas en el primer semestre de 2014 por valor de 240 millones de euros mientras «hay informes que hablan de bajas civiles y evidencia de violaciones de Derechos Humanos en los bombardeos en Yemen».
También ha subrayado que otros informes apuntan a que parte de estas armas con destino Arabia Saudí, ésta las vende a su vez «a la llamada oposición siria», por lo que armamento español puede estar acabando en la guerra de este país de Oriente Próximo.
De 400 millones a 4.000 millones en diez años
Nuet ha admitido que España ha suscrito los tratados internacionales para luchar contra la proliferación de comercio de armas y que en los últimos años ha mejorado la información y la transparencia sobre este asunto, pero ha mostrado su preocupación por el aumento de las ventas, pasando de 400 millones de euros en 2003 a 4.000 millones en 2013.
Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios no han dudado de la buena intención de la propuesta de la Izquierda Plural, si bien consideran que no puede ser «efectiva» porque «la casuística es múltiple y llena de matices».
Este ha sido el argumento defendido por los portavoces del PSOE y PNV, mientras que UPyD ha ido más allá al afirmar que aprobando una ley como la que propone la Izquierda Plural España «se cargaría el derecho de injerencia humanitaria y el deber de proteger, cuestiones fundamentales en el Derecho Internacional para garantizar la paz y la seguridad».
Por su parte, PP y CiU han coincidido al recordar que España ya cuenta con una legislación sobre el tema y un marco jurídico, además de unas vías de información. Además, Andrea Fabra ha asegurado que cualquier operación en el comercio de armas es estudiada y controlada.
Según ha subrayado, «nuestra legislación ya obliga a denegar exportaciones de armas allí donde no se cumple con el Derecho Internacional». «Ya contamos con un marco legal que establece los sistemas de control. La iniciativa de Izquierda Plural no podría mejorar en nada los sistemas de control», ha apuntado.