Sólo una de los 14 diputados del Congreso que han comunicado a la Cámara que ostentan nuevos cargos municipales tras las elecciones locales del pasado 24 de mayo ha decidido renunciar a su sueldo de parlamentaria nacional para cobrar únicamente la retribución que le corresponde como edil.
Así consta en el último informe aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado, que este miércoles será ratificado por el Pleno del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press. Será el último informe relativo a actividades extraparlamentarias de los diputados que se apruebe en este legislatura.
La mitad de los diputados a los que se refiere el informe son parlamentarios que fueron elegidos miembros de corporaciones municipales en las elecciones de mayo. La legislación vigente permite compaginar el cargo de edil con el de diputado nacional, pero obliga a quienes lo hacen a elegir si cobran del Congreso o del ayuntamiento, puesto que no se pueden percibir dos sueldos públicos.
De los 14 parlamentarios que han comunicado a la Cámara en esta remesa que tienen escaño de concejales desde mayo, sólo una, la socialista María de las Mercedes Gámez, edil en el Ayuntamiento Jaén, ha decidido dejar de cobrar el Congreso y pasar a hacerlo del consistorio.
Además, entre los trece diputados que prefieren seguir cobrando de la Cámara Baja hay diferencias, puesto que una decena informa de que cobra dietas por asistir a sus reuniones municipales y otros tres aseguran no percibir ninguna remuneración del ente local.
Estos últimos son el alcalde socialista de Cebreros (Ávila), Pedro Muñoz, quien comunica que no percibe «ningún tipo de remuneración» y dos concejalas del Ayuntamiento de Burgos: la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Régimen Interior y Participación Ciudadana, Gemma Conde, del PP, y la socialista María del Mar Arnáiz, quienes especifican que no cobran nada del ayuntamiento ni siquiera dietas o indemnizaciones.
Entre la decena que sí cobran dietas figuran siete parlamentarios del PSOE como Consuelo Rumí (concejal en Almería), Francesc Vallés (con escaño en Reus) y Pilar Grande (edil en San Bartolomé de Tirajana; dos del PP, entre ellos Daniel Serrano (concejal en Cornellá) y la diputada de IU por Asturias, Ana María Castaño, con asiento en el Ayuntamiento de Gijón.
En el informe, pese a ser el último que se votará en el Pleno del Congreso, no están todos los que han cambiado de situación tras las elecciones del pasado mes de mayo, hubo miembros del Congreso que bien dejaron de ser ediles o perdieron la alcaldía en aquellos comicios.
Dos exconcejalas que ahora cobrarán en el congreso
Entre las concejalas que lo eran y dejaron de serlo están las diputadas del PP Eva Duran y Carmen Rodríguez Flores, ambas concejalas del Ayuntamiento de Madrid hasta el pasado mes de mayo y que al principio de la legislatura decidieron cobrar del consistorio y no del Congreso. Pese a que su situación ha cambiado, sus nombres no figuran en el informe de la Comisión del Estatuto del Diputado que se aprobará este miércoles.
Tampoco aparecen en este informe diputados que perdieron alcaldías en mayo como es el caso de la 'popular' Teófila Martinez, hasta entonces primera edil de Cádiz, o de su compañera Rosa Romero, ya exalcaldesa de Ciudad Real.
La que sí ha comunicado su nueva situación y, además, ha renunciado a cobrar el Congreso es la diputada del PNV Isabel Sánchez Robles, quien en julio fue nombraba diputada de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya.
Por contra, no consta en el informe el caso de Carmela Silva, miembro de la Mesa del Congreso y que en julio fue elegida presidenta de la Diputación de Pontevedra, o el de Arturo García Tizón, que ha dejado de presidir la Diputación de Toledo.
Otras actividades
Además, en el informe constan cinco nuevos diputados que no han pedido compatibilidad para desarrollar ninguna actividad al margen del Congreso y otros grupo que solicita permiso para mantener sus tareas extraparlamentarias.
En este último destacan la nueva diputada de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) María del Carmen Castellano, quien ha logrado la compatibilidad para seguir con su labor de abogada matrimonialista y continuar asistiendo a tertulias y conferencias, y la diputada del PSOE por Asturias Rosa María Cañizares, que es gerente de un alojamiento rural de propiedad familiar.