La fiscal jefe de Cuenca, Isabel Gómez, ha asegurado que «no es descartable» en la línea de investigación abierta en torno al doble crimen de Cuenca «la participación de terceras personas», si bien «no en la ejecución material de las muertes» de las jóvenes Laura del Hoyo y Marina Okarynska, «sí en la preparación o ulterior huida u ocultación de los cuerpos» por parte de Sergio Morate.
En declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2014, Gómez ha agregado que, aunque existe «deber de sigilo y necesidad de secreto para trabajar adecuadamente en la investigación, esta está abierta y no se puede descartar todavía este dato».
Asimismo, ha subrayado, el escenario con el que trabaja la Fiscalía «y no se concibe otro», es el enjuiciamiento de Sergio Morate «a través del Tribunal del Jurado» y el «mantenimiento de la situación de prisión provisional».
A su juicio, en este momento, y «con independencia de lo que se aporte posteriormente en la causa», existen «bastantes indicios, a priori, sólidos, contundentes y suficientes» para entender «acreditada la participación del imputado en la ejecución material de esas muertes», así como para «dirigir acusación contra esta persona».
Todo ello, ha matizado, «sin perjuicio de que la investigación está abierta y hay obligación de recabar todos los datos y elementos de prueba que sean determinantes en la causa acerca de su participación». Algo que, ha sentenciado, «necesariamente ha de hacerse así», aunque no ha avanzado aspectos más concretos de la calificación «por la situación inicial en la que estamos y porque pueden comprometerse datos que están todavía bajo secreto».
Secreto sumario hasta el 9 de noviembre
Un secreto sumarial, prorrogado hasta el 9 de noviembre, que, ha remarcado la fiscal jefe de Cuenca, «es marcadamente excepcional, aunque es una medida prevista en la ley y que se aplica con regularidad en distintos procedimientos penales», pero que, ha asegurado, «no va a ser mucho más».
No obstante, ha espetado, «hay aspectos técnicos que dependen de otras instancias», que requieren «de un trabajo técnico complementario en otras instancias que exceden de lo que puedan ser los medios que haya en Cuenca, de Instituto de Medicina Legal o instancias policiales» y que precisan de «su adecuado tiempo y trabajo». Por ello, ha especificado, «no se puede abordar o apuntar más allá de lo que hay, principalmente, porque todavía se está a la espera de algunos resultados y estudios complementarios que requieren un cierto tiempo».
Gómez ha incidido en que «no es una situación permanente e indefinida» y que, en este caso, «se está manteniendo a resultas de la necesidad de ir trabajando en la línea de investigación que está abierta», lo que, «necesariamente exige el mantenimiento de esta situación». «Cuando haya concluido la investigación y se entienda que lo que pueda seguirse investigando ya no vaya a poder ser perturbado por injerencias exteriores, el secreto de actuaciones se levantará», ha resuelto.
Por otra parte, ha admitido que «habrá que estar a resultas del tiempo que tarde en concluir la investigación» y que se trata de «una limitación importante a los derechos de publicidad del procedimiento, tanto para el imputado como para el resto de partes», por lo que «solo dura el tiempo absolutamente indispensable».
A este respecto, la fiscal jefe de Cuenca ha hecho hincapié en la «complejidad técnica que puede conllevar la investigación de un delito de esta naturaleza», por lo que, ha manifestado, «hasta que el trabajo de investigación esté suficientemente ensamblado y pueda verse comprometido por estas injerencias, se restringe la publicidad de estas actuaciones».
Respecto a que sea un jurado popular de Cuenca quien juzgue a Sergio Morate, Gómez ha defendido que se trata de una «institución que lleva una cierta trayectoria» y con «solvencia suficiente» para abordar un enjuiciamiento «con absolutas garantías» para el acusado, que, ha recordado, «tiene derecho a defensa y a un juicio justo con absolutas garantías». Por ello, ha valorado, «no habrá problema en plantearlo, porque debe ser así, necesariamente la competencia pasa por el territorio donde se ha ejecutado el hecho».