La Fiscalía Anticorrupción ha explicado que los registros practicados este miércoles por la Guardia Civil en la sede central de CDC en Barcelona y en varias empresas, en el marco de la operación Petrum por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública, se han producido tras valorar «la situación de urgencia en la práctica de diligencias debido al riesgo de destrucción de los medios de prueba».
En un comunicado, los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda han concretado que estos registros se han llevado a cabo tras el análisis de la documentación incautada en agosto en los registros practicados en domicilios y sedes de la fundación CatDem y de CDC en Barcelona.
Anticorrupción ha expresado que, dada «la especial condición de CDC como partido político y piedra angular del sistema constitucional», la entrada y registro se ha limitado escrupulosamente a los elementos de investigación referidos a los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía también ha manifestado que, ante la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2015, se ha dado «orden expresa» para que en las detenciones practicadas se respeten las garantías establecidas en esta norma, con especial referencia a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de los detenidos.
En la operación de este miércoles, la Guardia Civil ha detenido al tesorero de CDC, Andreu Viloca, un arresto que llega después de que en julio detuviera al consejero delegado de la empresa Teyco, Jordi Sumarroca, y de que a finales de agosto registrase la sede central del partido en esta investigación.