La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado mantener para el 11 de enero de 2016 el inicio del juicio del caso Nóos, en el que serán juzgados la Infanta Cristina y otros 17 acusados, y se prevé que finalice el 30 de junio del mismo año, tal y como ha informado la Sala encargada de juzgar la causa durante una vista celebrada para fijar el desarrollo de la vista oral.
La hermana del Rey Felipe VI deberá sentarse en el banquillo al menos durante los primeros dos días, en los que tendrán lugar las cuestiones previas, previstas para el día 11 y que previsiblemente también se alargarán al día siguiente. En estas jornadas, la Infanta planteará que se le aplique la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.
En concreto, el sindicato reclama para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios: Aizoon.
El tribunal prevé resolver sobre si aplica la doctrina antes del 9 de febrero, día en que se reanudará el juicio con el interrogatorio de todos los acusados. Primero serán interpelados los 14 procesados a quienes acusa el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, y finalmente los cuatro restantes contra quienes se dirige Manos Limpias, entre ellos la Infanta, siempre que la Sala haya decidido que tiene que ser juzgada.
Además, los acusados podrán ausentarse del juicio una vez hayan declarado, por lo que podrán no estar presentes durante varias semanas.
De este modo, el primero en declarar será el exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis 'Pepote' Ballester -uno de los 'arrepentidos' en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet y el expresidente del Govern Jaume Matas.
Tras ellos, está previsto que comparezcan el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, éste y Urdangarin.
A propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet, y la propia Infanta.
363 Testigos
Ya en el turno de los testigos -hasta 363-, éstos serán interrogados entre el 8 de marzo y el 22 de abril. Entre ellos, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza.
A partir del 3 de mayo tendrán lugar las pruebas periciales -hasta el día 20-, mientras que entre el 31 de mayo y el 30 de junio se analizarán las documentales y se expondrán los informes finales y las conclusiones, fase en la que las partes anunciarán, dependiendo de cómo haya ido el juicio, si modifican sus peticiones. Por último, los acusados tendrán derecho a la última palabra, y la vista quedará vista para sentencia.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de cien años de cárcel para los 14 acusados contra los que se dirige, de los que 19 años y medio los reclama para Urdangarin y 16 y medio para Torres.
El juicio tendrá lugar más de cinco años después de que el juez José Castro pusiera la lupa sobre las actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto Nóos, que se saldaron con un presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.