El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado en la causa en la que investiga el patrimonio de Jordi Pujol Ferrusola al asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, el presidente de Copisa, Josep Cornadó Mateu y su esposa Elvira Vidal Dinares, también accionista de la entidad. También ha imputado al vicepresidente segundo del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, cuya casa fue registrada este martes en la 'operación Hades', han informado fuentes de la investigación.
Sánchez Carreté ya declaró como testigo ante el juez Pablo Ruz, anterior instructor del procedimiento, el 14 de noviembre de 2014. Entonces aseguró que desconocía que los miembros del clan tuvieran cuentas bancarias en el extranjero y que tuvo conocimiento de la supuesta herencia que el expresidente de la Generalitat de Cataluña guardaba en Andorra «unas semanas antes» de su confesión, cuando este le pidió «consejo», informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Sánchez Carreté explicó que, a pesar de que gestiona los asuntos fiscales de la familia desde 1983, nunca tuvo constancia de que Jordi Pujol Ferrusola o su padre tuvieran depósitos fuera de España.
Según su versión, se enteró de las cuentas en Andorra del 'expresident' poco antes del 25 de julio, cuando Pujol confesó a través de un comunicado que tenía fondos no declarados a Hacienda desde 1980 que provenían de una herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol. «Me preguntó cómo tratar este asunto y si debía regularizar esos fondos», apuntó.
En relación con Copisa, además de su presidente y su mujer ahora imputados en la causa en la que se investiga el patrimonio del primogénito de los Pujol Ferrusola, también está imputado el consejero delegado de la empresa, Xavier Tauler, a quien se atribuyen los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Xabier Tauler también fue detenido la semana pasada en la operación de la Guardia Civil en la que fue arrestado el tesorero de CDC, Andreu Viloca.
Este mismo mes de octubre la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechazó archivar la causa que se sigue contra él. El juez De la Mata sospecha que Tauler pudo satisfacer comisiones y pagos ilegales a Pujol Ferrusola «en contraprestación a gestiones realizadas por el investigado o su entorno más próximo para beneficiar a aquellas empresas».
En concreto, De la Mata investiga más de cuarenta operaciones entre Copisa y las empresas de Pujol Ferrusola, algunas de ellas en Centroamérica y África, de las que únicamente fructificaron nueve. Según la versión del directivo, Pujol Ferrusola cobraba entre el 1% y el 3% de la operación por «proporcionar la información para introducir al grupo en una operación determinada«, relativa a operaciones en el mercado y datos de las personas de contacto.
Así, el hijo del 'expresident' habría colaborado con Copisa en operaciones inmobiliarias en Ronda (Málaga), L'Hospitalet de Llobregat, Terrasa (Barcelona) y Palamós (Girona), la venta de dos empresas y tres plantas fotovoltaicas en Ciudad Real, la compra de unas oficinas en Madrid y la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia). Los clientes finales de varias de estas operaciones, que declararon ante el juez instructor en noviembre de 2014, aseguraron que desconocían que en las mismas hubiese intermediado el mayor de los Pujol Ferrusola.
En la denominada 'operación Ronda', además, éste habría facilitado las operaciones entre empresas del propio Grupo Copisa y habría percibido una comisión de medio millón de euros por mediar en la venta de una de una sociedad que ya pertenecía al comprador.
Por su parte, Vilarrubí aseguró que el registro de este martes en su domicilio particular en Barcelona es «un error» que se evidencia al conocer el contenido de la resolución que ha motivado ese registro, por lo que anunció que presentará un recurso.
En un comunicado, el vicepresidente del Barça explicó que dicha resolución señala que en 1995 él era «representante social» de la sociedad Restaurantes de Cerdanya, pero matizó que esto no se corresponde con la realidad, y que este concepto no tiene validez jurídica.