La calefacción central tiene sentencia de muerte. A partir de 2017 cada usuario pagará sólo por lo que consuma. Se acabó el tener que abonar una cantidad fija cada mes, aunque su piso sea más grande (o más pequeño) que el del vecino. El ahorro energético se vislumbra en el fondo de la cuestión, pero la realidad es que la nueva normativa que obligará a instalar medidores de consumo individuales afectará a nuestros bolsillos. La persona que tenga un apartamento grande y con varios radiadores deberá de apagarlos cuando no se encuentre en casa si no quiere pagar una cifra desorbitada por mantener su hogar caliente. Además, el usuario que no realice la instalación se expone a una multa de hasta 10.001 euros y le será de aplicación, como mínimo, el mayor ratio de consumo por metro cuadrado de superficie de los calculadores entre las viviendas conectadas.
En medio de la la confusión y el desconcierto aparecen las comunidades de vecinos. Los presidentes comienzan a trasladar en sus juntas la problemática que puede causar una directiva europea que data del año 2012.
Las noticias sobre esta medida son escasas, y lo que es peor, la previsión y la respuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo no hace sino enturbiar aún más el asunto. En principio, el borrador del Real Decreto de febrero de 2014 que transponía la normativa europea no tiene el visto bueno, o al menos eso es lo que traslada el Ministerio, que dice “no haberse aprobado nada en ese sentido”. Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía se ‘lava’ las manos y transfiere el entuerto al Ministerio de Industria y Energía, que tras varios intentos fallidos tan sólo manifiesta su desconocimiento de la nueva tarificación.
La inopia no sólo abarca a los organismos oficiales. Tras consultar a las asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores más importantes de España, como la OCU y FACUA, la respuesta es la misma: “no sabemos nada”.
La idea de un nuevo reparto de gastos en la calefacción comienza en septiembre de 2012 con la aprobación de la normativa que obliga a todos los edificios de apartamentos con una fuente central de calefacción/refrigeración a cambiar su sistema de tarificación antes del 31 de diciembre de 2016 mediante la instalación de contadores de consumo individuales en los casos que la técnica sea viable y rentable. Si hay comunidades que no pueden realizar esta instalación deberán utilizar calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador.
Las asociaciones de la OCU y FACUA «desconocen» la nueva tarificación
En febrero de 2014, en España se elaboró el borrador de un Real Decreto que recogía las exigencias europeas, el cual está pendiente de aprobación. Aunque queda poco más de un año para cumplir con la normativa del Parlamento Europeo, algunas empresas ya se han lanzado al acecho de las comunidades para ofrecer sus contadores y calorímetros individuales.
¿A quién favorece la nueva medida?
Las comunidades de vecinos no quieren que se repita el caos que se produjo con la implantación de la TDT y ya han comenzado a plantear en las juntas vecinales las propuestas de las distintas empresas que pretenden beneficiarse de la nueva tarificación calorífica. El embrollo se acentúa porque las asociaciones encargadas de defender los derechos de los ciudadanos no saben nada sobre el cambio en el cobro de la calefacción. En principio, la medida pretende que el usuario realice un uso más responsable de la energía y beneficiar al consumidor que defendía pagar sólo por lo que consumía. Pero, ¿es en realidad una decisión que favorece al ciudadano o es una manera de promover la pobreza energética que asola a miles de hogares desde la llegada de la recesión económica?
Cabe recordar, que en 2010 esta problemática afectaba al 10% de la población española y que en 2012, último año con datos disponibles, uno de cada tres hogares españoles se encontraba en situación de vulnerabilidad frente a la pobreza energética. De hecho, España es el cuarto país de la UE con más hogares incapaces de mantener una temperatura adecuada de puertas adentro.
En contraposición, la Universidad de Alcalá de Henares publicó un estudio en el que los datos arrojaban que la medición individual de calefacción implicaría una reducción de 224 euros de ahorro por familia española media y la disminución de un total de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año.
Dada la ‘tradición' española de dejar todo para el último día, no sería raro que muchas comunidades de vecinos no llegaran a tiempo e incumplieran una normativa europea que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2016. Si ésto ocurriera el perjuicio no sería dejar de ver la tele por uno días como ocurrió con el apagón analógico. En este caso, al vecino que el 1 de enero de 2017 no tenga realizada la instalación le será de aplicación, como mínimo, el mayor ratio de consumo por metro cuadrado de superficie de los calculadores entre las viviendas conectadas. Es decir, en el supuesto caso de que el usuario no se acordase de instalar dichos aparatos, o peor aún, no pudiera costearse su instalación, podría encontrarse con una factura desorbitada.
Multas de hasta 10.000 euros para el usuario que no realice la instalación
Además, el pasado 5 de julio fue publicado el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en el que se recogía el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas para la transposición de la citada Directiva 2012/27/UE. Entre otras cosas, se establece como infracción grave (Artículos 80 y 82) el no cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica y/o técnicamente viable y una sanción de multa de 1001 a 10.000 euros.
¿Solidaridad vecinal?
Por último, el coste de la instalación es otro de los asuntos que preocupan a los afectados. Las empresas que fabrican los calorímetros y medidores individuales ya han comenzado a lanzar sus redes a las distintas comunidades de vecinos a través de sus comerciales que intentan cerrar sus tratos antes que la competencia. Algunas propuestas hablan de un alquiler de los dispositivos en temporadas de seis o doce meses con precios que van desde los 50 a los 80 euros, mientras que otros intentan vender los aparatos con un coste “demasiado elevado”.
En definitiva, la medida del Parlamento Europeo que aún se encuentra en estado de Borrador en nuestro país es una verdadera incógnita para consumidores y para la Administración. Hasta enero de 2017 no se podrá conocer si esta decisión europea beneficia o afecta a los usuarios, pero lo que si es cierto es que la solidaridad entre vecinos parece llegar a su fin. Algunos celebrarán con júbilo el tener que dejar de pagar la factura del vecino derrochador, mientras que otras personas tendrán que dejar de encender sus radiadores porque no pueden permitirse el gasto o la instalación de los dispositivos.