Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha permitido desarticular una organización de origen pakistaní que introducía ilegalmente a compatriotas en España y otros países europeos para explotarlos laboralmente en locales de comida rápida tipo 'kebab'.
El operativo se ha saldado con la detención de 25 personas en España –en Málaga, Cádiz, Badajoz, Alicante y Sevilla– y cuatro en Polonia. Se han llevado a cabo 23 registros domiciliarios en España y se han realizado 60 inspecciones en establecimientos de comida rápida, durante los cuales se han localizado a 26 ciudadanos pakistaníes en situación irregular.
Los 'cabecillas' de la organización habían creado un complejo entramado empresarial formado por más de medio centenar de establecimientos de comida rápida tipo 'kebab' donde explotaban laboralmente a inmigrantes de origen pakistaní después de introducirlos ilegalmente en España con falsas promesas de regularizar su situación por unos 14.000 euros por persona a través de Libia e Italia o atravesando Turquía y Grecia.
Las condiciones de transporte hasta España, además, se realizaban en unas pésimas condiciones e incluso uno de los inmigrantes falleció por inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado. Asimismo, durante el operativo se han incautado varios vehículos, dinero en metálico e importante documentación incriminatoria, que está siendo analizada por expertos policiales.
La operación, encuadrada en el Proyecto 'Jot Mare' contra el tráfico ilegal de inmigrantes que operan en el Mediterráneo, ha contado con la participación de casi 250 agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, así como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwislanski (Polonia) y miembros de Europol destacados en ambos países. Ha contado con la colaboración de funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda.
Inicio de la investigación
La investigación arrancó tras detectarse entre mediados de 2011 y finales de 2012 la apertura de un elevado número de establecimientos de comida rápida tipo 'kebab' con poca actividad comercial o inclusa nula y que eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní. Además, en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.
Se detectó entonces tres cadenas distintas de kebabs que respondían a diferentes nombres comerciales pero que, sin embargo, estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios, que disponían de 14 locales distribuidos por toda la provincia de Cádiz. Se comprobó después que la red se extendía también a diversas localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, contando con más de medio centenar de establecimientos dirigidos por diferentes miembros de la organización desarticulada.
También se pudo constatar el acercamiento de la red a otro tipo de actividades, habiéndose detectado locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Antequera (Málaga) propiedad también de los mismos.
La organización había construido un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por cotitularidad, que amparaba su actividad comercial ante organismos estatales de inspección y justificaba la supuesta relación laboral con empleados que, si bien se encontraban 'de facto' trabajando, no estaban regularizados laboralmente ya que se encontraban en España de forma irregular.
Este entramado empresarial era utilizado por la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes que introducían irregularmente, así como diversos beneficios sociales para los mismos. Asimismo, permitía justificar la presencia física de numerosos ciudadanos pakistaníes en España, mediante la simulación de relaciones laborales de los mismos con las numerosas empresas que lo componían.
Los propietarios de los negocios presentaban a la Administración propuestas de contrato de trabajo para supuestos futuros empleados (que, en realidad, ya se encontraban trabajando para ellos sin ningún tipo de protección legal) que servían como base para la obtención de permisos de trabajo, lo que les permitía regularizar su situación en España.
Sin embargo, los trabajadores no eran luego dados de alta en la Seguridad Social, lo que conlleva, por una parte, una clara actividad defraudadora contra la Administración y, por otra, la más absoluta desprotección legal de los supuestos trabajadores.
Las empresas que constituían este entramado habían contraído importantes deudas con la Seguridad Social y se comprobó que sus mínimos movimientos de capitales y patrimonios contrastaba enormemente con una expansión constante de los negocios.
El desproporcionado número de sociedades mercantiles y las numerosas cuentas de autónomos utilizadas para una misma actividad comercial, permitía a la organización diversificar la deudas contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que dificultaba la actividad inspectora y permitía diluir las posibles responsabilidades administrativas y penales que, en su conjunto, supondría un fraude de tales proporciones.
Paralelamente, los agentes corroboraron numerosos envíos de dinero desde España a Pakistán realizados desde diferentes locutorios también relacionados con el entramado investigado, así como graves irregularidades cometidas en dichos envíos.
Además, los supuestos empleados pagaban a la organización con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión y dependencia absoluta de la misma, que se aprovechaba de la situación de necesidad de estos compatriotas.
14.000 euros por viajar a España
Los inmigrantes eran trasladados a España utilizando la «ruta central» –a través de Libia e Italia– o la «ruta oriental» –atravesando Turquía y Grecia– previo abono de unos 14.000 euros aproximadamente por cada uno de ellos.
Los trayectos a través del Mediterráneo eran además sumamente peligrosos para los inmigrantes que, en muchas ocasiones, viajaban hacinados en embarcaciones en pésimas condiciones de conservación, sin ventilación y sin ningún tipo de condiciones higiénicas y sanitarias. El pasado mes de agosto, uno de estos inmigrantes murió por la inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado.
Una vez en España, eran distribuidos por la organización por los diferentes kebabs de los que disponían, donde eran explotados laboralmente, siendo obligados a trabajar en jornadas continuadas, sin ningún tipo de descanso y sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración ni tener ningún tipo de derecho social.
En total, se han realizado 23 registros domiciliarios en varias provincias españolas y otros 28 en Varsovia (Polonia), en el transcurso de los cuales se han intervenido varios vehículos, dinero en metálico e importante documentación incriminatoria.
También, en colaboración con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda, se han realizado 60 inspecciones en establecimientos de comida rápida, durante los cuales se ha localizado a 26 ciudadanos pakistaníes en situación irregular.