Junts pel Sí y la CUP han registrado este viernes en el Parlament un anexo al punto ocho de su propuesta de declaración para iniciar el proceso secesionista con el objetivo de «blindar los derechos fundamentales de las personas» frente a eventuales impugnaciones del Tribunal Constitucional (TC) a leyes catalanas.
El anexo, que será votado conjuntamente con el resto del texto de la resolución que Junts pel Sí y la CUP pactaron la semana pasada, insta al futuro Govern a cumplir exclusivamente las normas que emanan de la Cámara catalana y que «puedan verse afectadas por decisiones del Estado español».
Así, el texto recoge que el futuro Govern deberá garantizar derechos de vivienda, sanidad y educación, entre otros, aunque el Estado pueda impugnar normas en este ámbito, como el decreto de pobreza del Govern que el Gobierno central llevó al TC hace meses y que está suspendido.