El bloque independentista catalán optó este viernes por agitar el miedo a España de los catalanes, en un intento de legitimar la resolución rupturista que pretende debatir y aprobar el lunes por la mañana en el Parlament. Los responsables de las plataformas Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) registraron en la cámara autonómica un anexo al punto ocho de su polémica declaración de secesión para –aseguran- “blindar los derechos fundamentales de las personas”. Derechos entre los que incluyen el de vivienda, educación y acceso a la sanidad, que ya figuran y están protegidos por la Constitución Española.
Las formaciones partidarias de segregar a Cataluña del resto de España justifican la ampliación de la resolución independentista por su determinación de ‘proteger’ a los ciudadanos de su región frente a posibles impugnaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) a leyes catalanas. En el trasfondo está su determinación de resguardar jurídicamente de las ‘injerencias’ de Madrid el camino hacia la independencia que van a iniciar las instituciones autonómicas.
La maniobra, que supone una anticipación al anunciado recurso del Gobierno central contra la inminente aprobación de la declaración secesionista, apela a aquello que los ciudadanos más temen perder. El texto ampliado subraya ahora que el futuro Ejecutivo catalán tendrá entre sus obligaciones también la de “garantizar” los derechos a la “vivienda, sanidad y educación, entre otros”, frente a las posibles objeciones que planteen las autoridades de Madrid.
El anexo, que será incluido en el texto de la resolución para ser votado en el mismo acto, insta al futuro Ejecutivo catalán a cumplir sólo las normas que en adelante emanen del Parlament, aunque “puedan verse afectadas por decisiones del Gobierno español”. En la mente de los independentistas aún está el decreto sobre pobreza energética que aprobó el Govern de Artur Mas hace unos meses y que el Ejecutivo central decidió recurrir, lo que provocó su suspensión automática.
Respuesta “inmediata”
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó este viernes a las fuerzas independentistas de que, si la resolución resulta aprobada tras el debate del lunes -que está fijado para las diez de la mañana-, el Gobierno central “inmediatamente, ese mismo lunes”, pondrá en marcha todos los trámites para que el recurso llegue al TC lo antes posible. “La inmediatez será absoluta”, resaltó la ‘número dos’ del Ejecutivo.
Sáenz de Santamaría detalló que, antes de presentar el recurso, el Gobierno pedirá –como es preceptivo- un informe al Consejo de Estado. Una vez que el principal órgano consultivo del Ejecutivo haya emitido su dictamen, el Consejo de Ministros se reunirá con carácter extraordinario para aprobar el recurso y su envío al TC. “Iremos inmediatamente a los tribunales”, subrayó la vicepresidenta.
El Gobierno aprovechó este viernes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dejar claro a los independentistas que “no hay manera posible de blindarse del cumplimiento de la Constitución y del respeto a la ley”. “Esa declaración no producirá ni uno solo de sus efectos”, insistió.