Ya no hay marcha atrás. El Gobierno de Mariano Rajoy ha quemado uno de sus últimos cartuchos antes de llegar a la amenaza de la suspensión. A las 12.00 horas, la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha presentado en el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno contra la declaración secesionista aprobada el pasado lunes en el Parlamento catalán. Llegados a este punto, el único calendario posible de Rajoy es el siguiente.
A las 16.30 se reúne el Tribunal Constitucional; y una vez admitido a trámite el recurso se comunica a las partes implicadas que disponen de 20 días para presentar alegaciones. La suspensión de la declaración independentista formulada por Junts Pel Sí y la CUP será inmediata y tendrá una duración de cinco meses (prorrogrables si no se resuelve). Fuentes gubernamentales creen que el Constitucional se pronunciará antes de estos cinco meses, aunque nadie se atreve a pronosticar si la respuesta llegará antes de las generales. «Los plazos son ajustados», reconocen las mismas fuentes.
Ahora bien, el Gobierno aún cuenta con una herramienta legislativa a su alcance para hacer frente a aquellos que estén dispuestos a incumplir la ley: la nueva reforma de la ley del Constitucional. Una polémica decisión que adoptó el Partido Popular antes del verano y que finalmente aprobó en soledad tres meses después. El objetivo nunca se ocultó: frenar a Artur Mas. De esta manera, los conservadores consiguieron que todo aquel responsable público que incumpla una sentencia del tribunal pueda ser castigado. O bien con una multa, o en caso extremo ya con la inhabilitación.
El escenario no es dantesco. La resolución independentista aprobada en el Parlamento catalán ya advierte de que no acatará la resolución del Constitucional. Incluso insta a que en el plazo de un mes se inicie la tramitación de dos leyes propias relativas a la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
Ante este escenario, Rajoy se sigue resistiendo a aclarar cuál será su posición. El Gobierno confía en que el recurso presentado este miércoles será suficiente. Que el parlamento catalán acatará definitivamente la ley y frenará el proceso.
Claro que si no es así; y llegado a este punto, a Rajoy sólo le quedaría ya un último recurso. El que ni siquiera quiere mencionar en público. Y el que sabe que podría incluso agravar aún más situación: la aplicación del artículo 155. El artículo de la Constitución Española que podría llevar a la suspensión de la autonomía catalana.