«Se está quebrando todo». Esta frase, no escrita en sus papeles, salió del rocoso corazón de un presidente de Gobierno y registrador de la propiedad, y fue el momento más auténtico de su comparecencia para anunciar la presentación de un recurso al Constitucional contra la resolución independentista del Parlament catalán. Es difícil encontrar en la hemeroteca del argumentario de Rajoy una declaración tan contundente y apocalíptica como ésta. No estaba escrita en su discurso de este miércoles. Es probable que a ninguno de sus asesores se le hubiera ocurrido poner a su jefe en este extremo. Tampoco ha formado parte de sus primeras reacciones. Sino que ha esperado a uno de los últimos momentos de su comparecencia para abrirse en canal. Ya había anunciado el recurso ante el Constitucional, y había intentado dar respuesta a todas las inquietudes periodísticas, cuando ha reconocido abiertamente que con el proceso rupturista iniciado en Cataluña no sólo se está quebrando la democracia en Cataluña, sino que se está «quebrando todo».
Rajoy, un cuadriculado registrador de la propiedad de 60 años de edad, jamás podía imaginar encontrarse en un escenario como el que hoy le ha tocado lidiar. Quién le iba a decir al primero de la promoción de 1979, amante de las leyes y concienzudo defensor del cumplimiento del Derecho, que en su primera legislatura al frente del Gobierno de España iba a tener que hacer frente a una insumisión del calibre que se está cociendo en Cataluña. Rajoy no puede concebir que gobernantes como él hayan anunciado que están dispuestos a no acatar las sentencias judiciales que procedan del Estado español. Hoy no ha podido esconder su máxima decepción.
Los servicios jurídicos de la Moncloa ya han llegado hasta donde querían llegar. Y a partir de aquí todo son incógnitas que el presidente del Gobierno se niega a aclarar. Rajoy ha centrado su discurso de este miércoles en las mismas advertencias queel Ejecutivo 'popular', el partido que le sustenta y el principal partido de la oposición lleva meses haciendo. «La resolución liquida la Constitución española, donde se fijan las normas de convivencia, con una resolución que dice que no se va a respetar la legalidad vigente. Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación», ha espetado.
El presidente del Gobierno ha insistido en que el «respeto a la soberanía popular y a la unidad de la nación» es fundamental y que no permitirá que «algunos» lo intenten «poner en riesgo». Este es el motivo por el que el recurso solicita al Tribunal Constitucional que se notifique «personalmente» la providencia de suspensión a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, al presidente en funciones, Artur Mas, así como también a quien sea nombrado “como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento catalán recién constituido”. Además, también reclama que sean informados otros 19 cargos, entre miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los miembros del Gobierno catalán en funciones. Ellos son a los que el Gobierno identifica como los principales responsables de que los «españoles no puedan decidir sobre lo que es su país».
El escenario tras el 27S
Rajoy creía que las dos decisiones tomadas en estos últimos años ya habían sido suficiente para hacer frente a este grave problema: negar en 2012 el pacto fiscal; y dos años después anular el referéndum independentista convocado por Artur Mas. Pero lo cierto es que el proceso acaba de empezar.
La mayoría absoluta en escaños que logró el bando independentistas el pasado 27 de septiembre está complicando el escenario a Mariano Rajoy, que sigue sin querer mostrar sus próximas cartas. Por un lado, porque no quiere caldear más el ambiente. Y por otro lado, porque para un hombre cuyo cerebro está tejido por la ley, resulta inconcebible que ahora, hombres que el presuponía de Estado, formaciones políticas con la que su partido se ha aliado en más de una ocasión, ahora le amenacen con no cumplir la ley.
Hay calma, pero también hay tensión palpable. Este es el ambiente que se respira en La Moncloa pocas horas de la presentación del recurso ante el Constitucional. El Gobierno tiene la sensación de haber hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora es cuestión de esperar. «Si se prescinde de la ley se prescinde de la democracia», ha advertido Rajoy, quien incluso ha llegado a soñar con «una rectificación» por parte del Parlamento catalán. Él sabe que no ocurrirá, pero por el momento no quiere «adelantar acontecimientos».
Terminada la solemne rueda de prensa, a la que no han faltado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha llegado el momento del respiro. Rajoy, aún presionado por su agenda -esta tarde vuela a Malta para participar en una cumbre sobre migración-, no ha desaprovechado la oportunidad de seguir atendiendo a los periodistas. No es habitual en él, pero sabe que la ocasión lo merece. Fuera de micrófonos, con un tono más bajo y un semblante de mayor preocupación si cabe, ha insistido en dos ideas que no quiere que los españoles olviden: «No voy a aceptar que unas personas liquiden las normas que nos hemos dado entre todos, ni tampoco voy a permitir que acaben con la democracia».