sábado, septiembre 28, 2024
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«Artur Mas está vendiendo una comunidad autónoma por el precio de un cargo»

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El Gobierno de Mariano Rajoy aprovecha para hacer leña del árbol caído. El estrepitoso fracaso de Artur Mas en su desesperado intento por ser investido presidente catalán pone en bandeja al Ejecutivo central la reacción de este viernes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho de Artur Mas su presa de caza para verter sobre él toda la responsabilidad de la deriva independentista que se ha iniciado en Cataluña. A él ha dedicado la portavoz gubernamental gran parte de los ataques de este viernes. Incluso ha identificado a Artur Mas como «un presidente menguante».

Una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo central es la oscura negociación que el presidente catalán en funciones está manteniendo con la CUP; y así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta del Gobierno. Para Sáenz de Santamaría, la oferta de las tres vicepresidencias y la de la moción de confianza dentro de 10 meses, no demuestran otra cosa que la desesperación de Artur Mas por ser investido presidente «a toda costa». «Está vendiendo una comunidad autónoma por el precio de un cargo», ha advertido la vicepresidenta, que ha aprovechado la comparecencia de este viernes para recordar a los catalanes que su autonomía «funciona bien». A lo que ha añadido: «lo que no funciona bien es su presidente en funciones».

La encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), que asegura que un 47,8% de catalanes diría 'no' a que Cataluña fuera «un Estado independiente», mientras que un 46,7% diría que 'sí', ha sido otra de las grandes protagonistas de esta rueda de prensa. Santamaría no ha querido valorar estos datos, y en su lugar se ha remitido  a los resultados de los comicios celebrados en Cataluña hace poco más de un mes, cuando el bloque independentista no logró más del 47% de los votos. «Ésa es la encuesta real», ha asegurado la vicepresidenta, quien además ha alertado sobre el apoyo «menguado» de Artur Mas.

«Es un presidente menguante en apoyos», se ha regocijado Santamaría, que ha asegurado estar convencida de que hay «muchos votantes» de Junts pel Sí que «ya no secundan las derivas radicales y antisistema de quien quiere ser investido presidente de la Generalitat». Eso sí, el Gobierno sigue sin querer hablar de futuribles. La resolución rupturista aprobada en el Parlamento catalán dice claramente que no cumplirá con las sentencias procedentes del Estado central. Santamaría, por su parte, ha insistido en que el Gobierno espera que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional y su posterior sentencia supongan «el punto y final de esta historia». En privado, el Ejecutivo reconoce «estar preparado para todo», aunque insiste en que no está dispuesto a «dar pistas de nada».

La economía, piedra angular de la campaña

Ahora bien, el principal objetivo este viernes del Gobierno de Rajoy no era arremeter contra Artur Mas, sino insistir en la mejora de la economía española en este mes de octubre. La vicepresidenta del Gobierno, acompañada de la ministra de Empleo, Fátima Báñez,  ha asegurado que el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos ha apreciado cierta «aceleración de la economía en octubre», tras la ralentización que experimentó el PIB en el tercer trimestre, cuando creció un 0,8% en tasa intertrimestral.

El Consejo de Ministros de este viernes ha analizado un informe de Economía sobre el crecimiento económico tras conocer las últimas cifras de la agencia estadística europea, que indican que la zona euro creció un 0,3% en el tercer trimestre, menos que la cifra del 0,4% registrada entre abril y junio. Tras conocer estas cifras, según ha explicado Santamaría, el Gobierno ha optado por mantener la previsión de crecer un 3,3% este año y un 3% el año que viene, tal y como figura en el cuadro macroeconómico.

Así pues, y aprovechando que las elecciones generales del 20D están a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta del Gobierno ha resaltado la importancia de que el «alto crecimiento» que está registrando España esté siendo «compatible» con una tasa de inflación negativa, que permite mejorar los salarios, las pensiones y la competitividad de la economía.

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