La Audiencia Nacional juzgará desde el próximo 26 de noviembre a los etarras Itziar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narvaez Goñi por asesinar mediante un paquete bomba «trampa» a dos policías de los Tedax y causar heridas a otras diez personas en junio de 1991, por lo que se enfrentan a sendas penas de cárcel de 296 años de cárcel para cada uno de ellos.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha señalado para los días 26 y 27 de noviembre el juicio en el que están acusados de dos delitos de asesinato, otros diez asesinatos en grado de tentativa y uno de estragos terroristas.
Alberdi, que se encuentra en prisión provisional tras ser detenida en 2014 en México, ha sido absuelta este viernes por el Tribunal Supremo de matar a tres artificieros a través de un paquete bomba enviado al Ministerio de Justicia el 1 de julio de 1991. El alto tribunal ha anulado la condena a 119 años de cárcel impuesta por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En su escrito provisional de conclusiones, la Fiscalía sostiene que José Luis Urrusolo Sistiaga, ya condenado por estos hechos, dirigía el 'comando Ekaitz' de ETA, del que formaban parte los dos acusados. Los tres se propusieron «dar muerte al mayor número posible de policías» mediante la remisión de un paquete bomba, que contenía «una trampa», al presidente de la empresa Construcciones Atoche.
Esta empresa, que dirigía Jesús Gallego y había participado con la mercantil Construcciones Ramos Hidalgo en la construcción de una autopista en el Valle de Leiza que la banda terrorista rechazaba, había recibido unos días antes la visita de una persona que decía ser periodista del diario 'Egin', que recababa datos sobre directivos de la compañía.
Según el Ministerio Público, Urrusolo Sistiaga confeccionó el artefacto y facilitó la dirección de la empresa sita en Madrid, mientras que Alberdi facilitó la relación de empresas de paquetería ubicadas en Toledo y Narváez se encargó de llevar personalmente la «bomba trampa» a la delegación toledana de la empresa de mensajería Servitrans.
El «letal» envío, que contenía tres kilos de amonal y tenía el nombre de un remitente inexistente, fue recibido en la delegación madrileña de Servitrans, donde despertó las «sospechas» de los empleados, que llamaron a la Policía.
Un Equipo de Desactivación de Explosivos (EDE) se trasladó al lugar y en el momento en el que los Tedax examinaban el artefacto, este hizo explosión, causando la muerte inmediata de los agentes Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez.
En el atentado, resultaron heridos siete policías, dos empleados de Servitrans y otro trabajador de una empresa de cerrajería que se encontraban en la zona, donde el furgón policial quedó destrozado y cuyo valor ascendió a 19 millones de pesetas.