La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha anunciado hoy que la Fiscalía está estudiando ampliar la querella contra la celebración de la consulta el 9 de noviembre de 2014. Madrigal ha aclarado que se prevé «ampliar a alguna otra persona» esa querella por prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos en la celebración de la citada consulta que fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
La querella, interpuesta por la Fiscalía después de que se desobedeciera la decisión del TC, se está tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien citó a declarar a Artur Mas el pasado 15 de octubre. Este declaró ante el juez que era el «promotor político» de la iniciativa, según dijo tras su declaración de hora y media ante el juez en calidad de imputado.
Escenario de ruptura, delictivo
La fiscal general ha afirmado además que en su departamento se encuentran «expectantes» ante lo que pueda suceder en Cataluña y desveló que llevan «reflexionando» mucho tiempo sobre los escenarios que se pueden abrir en la CCAA por el desafío soberanista y la decisión de los partidos independentistas de romper con España. En su opinión, el escenario de ruptura o la «autollamada desconexión» de España es «delictivo».
«Por supuesto que estamos expectantes y reflexionando desde hace mucho tiempo, no ahora, sobre los escenarios que se han iniciado hace mucho tiempo porque el llamado proceso está anunciado desde hace tiempo y es público», aseveró Madrigal, quien insistió en que la Fiscalía «como no puede ser de otra manera, ha estudiando los escenarios que se han anunciado desde el punto de vista de sus competencias».
En espera de acontecimientos
Madrigal aclaró que la Fiscalía está «esperando acontecimientos» y «esperando que no se produzcan los delitos o el escenario de delitos masivos que se ha anunciado». Incluso dijo que «es posible que no se produzca» y prefiere confiar en que «la resolución del TC, la advertencia personal que se ha hecho a cada uno de esos 21 miembros del parlamento, tenga su efecto».
Sobre la posibilidad de aplicar el artículo 410 del Código Penal, que prevé multas de tres a doce meses e inhabilitación para funcionarios o autoridades que se negasen a cumplir resoluciones judiciales, explicó que esa es una de las medidas que prevé la propia reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. «Habrá que ver qué resuelve el TC, qué realiza cada una de las 21 personas que han sido advertidas Y vamos a ver cómo continua el proceso anunciado», apostilló.
Artículo 155
La Fiscal General también se pronunció sobre las palabras de ayer del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien afirmó que se podría llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución española que prevé hasta la suspensión de la autonomía. Madrigal explicó que esa responsabilidad «incumbe al gobierno de la nación» y «es el gobierno el que lo tiene que decidir».
En cualquier caso, dejó claro que «sí» ve «factible» que se pueda llevar a cabo porque lo son «todas las previsiones legales que nuestro ordenamiento jurídico tiene establecidas para situaciones excepcionales» y estas son, según precisó, «situaciones muy excepcionales».
No obstante, explicó que habrá que ver «si se dan los supuestos de las mismas, con qué contundencia o con qué extensión se pueden aplicar», pero, insistió, «corresponde al gobierno no a la Fiscalía».