El candidato de IU-Unidad Popular a las elecciones generales del 20 de diciembre, Alberto Garzón, ha defendido este lunes la necesidad de una educación pública y gratuita «de los 0 a los 100 años» cuya financiación esté blindada en la Constitución para evitar que esté sometida a los «vaivenes» del partido en Gobierno.
Garzón ha presentado de la mano de algunos profesores las propuestas de su organización en educación, que tienen el objetivo de revertir todos los recortes sufridos durante los últimos años para ofrecer «una educación digna» que permita una enseñanza «cien por cien integral, democrática y al servicio de la sociedad».
Aunque el objetivo es la gratuidad de todos los ciclos educativos, IU asume que en el caso de la universidad deberá hacerse de forma progresiva. En todo caso, propone una financiación pública de las universidades con al menos el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
El responsable de IU en Educación, Enrique Díez, ha sostenido que este objetivo es posible. «No queremos rescatar bancos sino rescatar a las personas», ha defendido apuntando que la gratuidad debe abarcar a todo lo que se utiliza en el ámbito educativo, como el material didáctico, el servicio de comedor, el transporte escolar, las becas comedor y las becas-salario.
El profesor de instituto Agustín Moreno ha puesto como ejemplo que, durante los últimos cuatro años, se han perdido más de 32.000 puestos de docentes que «habría que recuperar». Además, IU quiere eliminar los rankings de los centros, según ha expuesto Marga Sainz, y «no permitir que los centros selecciones al alumnado».
«Igual que sería una aberración que hubiera jueces patrocinados, el conocimiento no puede estar patrocinado», ha sostenido Garzón, que ha defendido que las escuelas deben «enseñar a pensar» de forma crítica y no basarse en una «competición permanente». «El modelo que está imperando nos convierte en átomos al servicio de un sistema impersonal y caprichoso», ha denunciado.
Reducir gastos militares
Para financiar sus medidas, propone detraer un 25 por ciento de la financiación de gastos militares, con lo que se obtendrían más de 5.800 millones, y utilizar los 11.000 millones anuales que el Estado destina a la Iglesia. También recurre a los 30 billones que calcula que reportaría la supresión de paraísos fiscales y el fraude fiscal y los 35.500 millones declarado ilegítimo el pago abusivo de intereses de la deuda.
Además, recurre a un aumento del Impuesto de Sociedades al 35 por ciento a empresas que ganen más de un millón de euros, con lo que recaudaría 14.000 millones, el recorte de la economía sumergida en diez puntos (38.500 millones) y 5.000 millones del Impuesto a las transacciones financieras.
IU propone un sistema integral de becas y ayudas al estudio y la gratuidad de los servicios de comedor y transporte escolar. Además, quiere que los centros escolares cuenten con libros de texto y otros materiales didácticos de uso libre, aunque considera que se debe avanzar hacia el uso de plataformas online que contribuyan a eliminar los libros de las aulas.
En este sentido, sostiene la necesidad de reducir la ratio de alumnado por grupo y generalizar el criterio de 20 estudiantes como máximo por aula en las enseñanzas de primaria y secundaria; además de ofrecer el número de plazas necesarias para atender a toda la demanda educativa desde los 0 años.
Educación laica
IU también aboga por una educación completamente laica, sacando la religión del currículo escolar y del horario lectivo y promoviendo que el calendario escolar no esté sometido al calendario litúrgico, sino en aras de «una distribución más equilibrada de los tiempos y descansos escolares».
Este paquete de medidas también contempla la paulatina reducción de los centros concertados, hasta su completa desaparición, y la cesión de suelo público en los nuevos desarrollos urbanísticos para la apertura de centros escolares. Además, aborda la formación, acceso, reconocimiento y condiciones del profesorado y propone un cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial con rango de postgrado, que incluya una formación práctica remunerada en centros educativos.