La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rebajado de 33,9 a 8,4 millones de euros la fianza de responsabilidad civil que la juez Mercedes Alaya impuso en abril de 2014 al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Francisco Sánchez.
En un auto fechado el pasado 23 de octubre, la Audiencia Provincial de Sevilla rebaja además de 5 a 1,2 millones de euros la fianza civil impuesta por Mercedes Alaya al también ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado.
La Sección Séptima dice que «no cabe duda que ambos recurrentes participaron en la elaboración de los proyectos de presupuestos de la Consejería de Empleo así como en las modificaciones presupuestarias de la misma en los periodos» en los que ostentaron el cargo de secretario general técnico de la Consejería, «puesto que una de las competencias de ese cargo merecidamente era participar tanto en la elaboración del presupuesto como en la de sus modificaciones».
«En ambos casos, de modo fraudulento, se sorteaban las Leyes de subvenciones estatal y autonómica, para que de este modo no se fiscalizara con carácter previo su concesión, entre otros controles que prevén estas leyes», pone de manifiesto la Audiencia.
En el caso de Juan Francisco Sánchez, la Sección Séptima explica que la cantidad de 127.327.435 euros «es el montante al que ascendieron las modificaciones presupuestarias que se tramitaron durante el periodo en el que fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo», y añade que, a esta cantidad, Alaya aplicó el 20 por ciento para fijar la fianza civil.
«Mismo rasero»
Al hilo de ello, la Audiencia reseña que, a Lourdes Medina, «que también fue secretaria general técnica de la Consejería de Empleo en otro periodo de los investigados», Alaya «le aplica tan solo el cinco por ciento de la cantidad presuntamente defraudada en atención a la 'escasa permanencia en el cargo'».
«Entendemos que ha de medirse con el mismo rasero la conducta de uno y otra, ya que ambos ostentaron el mismo cargo, con independencia de la duración de su mandato, en atención a la cantidad defraudada en cada periodo», por lo que estima parcialmente el recurso y rebaja el porcentaje aplicado al cinco por ciento, ascendente a 6,3 millones más el tercio legal, lo que da como resultado una fianza civil de 8,4 millones.
La Audiencia también estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de Javier Aguado Hinojal, por los mismos motivos que en el caso anterior, y precisa que «tampoco el hecho de haber sido jefe de departamento de Administración de IFA desde 2001 es un parámetro a tener en cuenta para fijar el porcentaje», ya que «no tenía participación alguna en la aprobación de los convenios de IFA/IDEA, que correspondía al director general si no superaba los 450.000 euros y a su Consejo Rector si superaba esa cuantía».
Así, argumenta que las modificaciones presupuestarias en las que participó este imputado ascienden a 19 millones de euros, cantidad a la que aplica un cinco por ciento más el tercio legal, lo que da una fianza civil de 1,2 millones de euros.
De otro lado, la Sección Séptima ha anulado la fianza de responsabilidad civil de 212.800 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en septiembre de 2014 a Felipe Romera Lubias, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos como miembro del Consejo Rector de IFA/IDEA durante 2007 y 2008.
Hay que recordar que la Audiencia ha anulado también las fianzas civiles por valor de 12,1 millones de euros que Alaya impuso a otros siete imputados en la causa, entre ellos el exconsejero de Innovación Martín Soler, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, el exsecretario general de Hacienda y exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón y otros cuatro miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA.
En un auto fechado el día 17 de noviembre, la Sala estima el recurso interpuesto por la defensa de Felipe Romera Lubias, quien fue miembro del Consejo Rector de IFA los años 2007 y 2008, asistiendo a una sesión del Consejo Rector en 2007 y a otras tres al siguiente año donde votó a favor de diferentes convenios.
La Audiencia refiere que, de los investigado, «se infiere a nivel indiciario que los vocales del Consejo Rector tenían conocimiento de que a través de los convenios que aprobaban con su voto afirmativo daban carta de naturaleza a que se abonara mediante las transferencias de financiación ayudas sociolaborales que debían haber sido, en su caso, tramitadas en expedientes de subvenciones conforme a la normativa que regulan las leyes estatal y autonómica en esta materia».
«Ahora bien, se ha cuantificado la cantidad de la responsabilidad pecuniaria del apelante a un tanto alzado, como lo fue la del resto de miembros del Consejo Rector mencionado», asevera la Sala, que pone de manifiesto que Alaya dispuso que se impusiera a cada uno de los vocales «una fianza de 20.000 euros para los supuestos en los que votaron favorablemente convenios y 7.000 euros para los casos en que delegaron el voto en las sesiones que no asistieron y el delegado votó a favor de su aprobación».
A su juicio, «la fijación a un tanto alzado desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado», precisando que «decimos que se fija la cantidad de una manera alzada» porque «la cuantía concreta de ayudas de cada uno de los convenios aprobados en las distintas sesiones del Consejo Rector es diferente». Por ello, anula la fianza civil que le impuso la magistrada, «sin perjuicio de que la misma se cuantifique por la instructora en atención a la posible cantidad defraudada».