El PSOE no permitirá que se realicen pagos en efectivo superiores a 1.500 euros, reformará el Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados «graves» y conlleven penas de prisión y no permitirá que estos delitos prescriban hasta transcurridos 10 años. Así se recoge en el documento «Estrategia de lucha contra el fraude y la economía sumergida», y que cuenta con un total de 63 medidas.
En la actualidad, no están permitidas las transacciones en efectivo superiores a 2.500 euros, sin embargo, sin embargo, si los socialistas gobiernan tras los comicios del próximo 20 de diciembre, esta cuantía se verá rebajada hasta los 1.500 euros con el objetivo de luchar contra la economía sumergida y la evasión fiscal.
También prevén modificar el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves, es decir, que conllevarán penas de prisión de entre 2 y 6 años y no prescribirán hasta los 10 años. En el caso de los delitos que revistan «especial gravedad» las penas a imponer serán en su «mitad superior».
Entre estas medidas, el PSOE también han incluido propuestas para establecer un mayor control de las SICAV mediante tres procedimientos. Por un lado, estableciendo un porcentaje de participación máximo para cada inversor; en segundo término, mediante la fijación de un periodo máximo de permanencia de las plusvalías acumuladas sin que tributen y finalmente, dotando legalmente a la Agencia Tributaria de compentencias para supervisar y sancionar estas sociedades de inversión colectiva. Esta decisión significaría que la CNMV perdiera la competencia de control que actualmente tiene sobre las SICAVs, que pasaría directamente a Hacienda.
Los socialistas quieren aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su profesionalidad, que su director sea elegido por «mayoría cualificada» del Congreso de los diputados y que el mandato de éste sea «superior al plazo de una legislatura». Junto con esta medida, proponen la aprobación de un protocolo para establecer qué información sobre las actuaciones de la Agencia Tributaria puede ser trasladada a las «autoridades del Ministerio», es decir, al ministro y los altos cargos de Hacienda, y a la opinión pública con el fin de «evitar su uso partidista e irresponsable».
Además de incrementar en 5.000 el número de inspectores de Hacienda y en otros 3.000, los de Trabajo y Seguridad Social, el PSOE creará una Oficina de Lucha contra el Fraude, integrada en la Agencia Tributaria (AEAT), que coordine los distintos departamentos de la Administración del Estado y que colabore con el resto de Administraciones Territoriales. Esta oficina estará integrada por la AEAT, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y el Catastro con el fin de «asegurar la máxima coordinación y flujos de información», lo que tradicionalmente se conoce como el cruce de datos.
Para intensificar esta lucha contra el fraude, reformará la estructura de la Agencia Tributaria promoviendo la integración operativa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), la Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas y el Servicio de Vigilancia Aduanera.
La nueva organización se complementará con una «estrategia de lucha contra la economía sumergida» en colaboración con las organizaciones representativas de las pymes y autónomos, junto con la limitación de los pagos en efectivo y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresas.
Control a personas expuestas politicamente
Y se incluirá en los planes anuales de control tributario un programa específico para la comprobación e investigación de personas expuestas políticamente, debidamente coordinado con las actuaciones de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, que actúe como «elemento disuasorio de conductas irregulares y contribuya a perseguir, castigar y erradicar la corrupción«.
Los socialistas también se proponen intensificar las actuaciones contra el «gran fraude cualificado», como parte de una estrategia a «largo plazo», en el que se utilizan paraísos fiscales, personas o entidades interpuestas, tramas de IVA, contrabando, etc. En esta estrategia se incluirán los «fraudes complejos» en la fase de recaudación, con el objetivo de orientar esta al «cobro inmediato de la deuda gestionable reciente para mejorar los ingresos y reducir el creciente stock pendiente de cobro».
A ello se añade el mayor control de los paraísos fiscales, con la decisión de impulsar la creación de una «lista negra» de éstos en el seno de la UE que suponga sanciones para estos países, entre otras, la suspensión de convenios de doble imposición o el hecho de que las empresas radicadas en estos paraísos fiscales no puedan acceder ni a ayudas, ni a contratación alguna con las administraciones de los estados miembros de la UE, así como revocar las licencias bancarias de las instituciones financieras que realicen operaciones en un paraíso fiscal.
Juzgados especializados en delitos económicos
Junto a estas medidas se crearán juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y fraude a la Seguridad Social, con su Fiscalía especializada correspondiente y se les dotará de los medios adecuados.
El PSOE quiere que se publiquen los nombres de los que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el PP en 2012 mediante la modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria y se compromete también a no aprobar una nueva amnistía fiscal.
En cuanto al sistema sancionador, prevé reforzar las sanciones tanto en la cuantía de las pecuniarias como en las accesorias no pecuniarias. Todo ello, junto con la cooperación entre administraciones tributarias en la Unión Europea, la renegociación de acuerdos internacionales de intercambio de información y la lucha contra la planificación fiscal de las multinacionales, entre otras, el PSOE prevé aumentar la recaudación en 9.432 millones de euros por encima de la que recaudaría el Partido Popular, según el citado documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Según este, los objetivos recaudatorios del PSOE en la lucha contra el fraude serían: en 2016, de 15.525; en 2017, de 17.854; en 2018, de 20.532 y en 2019, de 23.612. En total, 6.112 millones de euros más que los que recaudaría el PP en los próximos cuatro años.
En cuanto a la recaudación que ahora se pierde por la economía sumergida, los socialistas esperan lograr en estos cuatro próximos años 3.310 millones de euros más de los que recaudarían los populares.