La entrada de lleno en el mundo de la comunicación digital de la Administración de la Justicia supondrá un ahorro de 70 millones para el Ministerio de Justicia y 421 en todo el territorio nacional. Así lo ha confirmado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia destinado a adaptar el sistema Lexnet. Se trata del proyecto bandera de Justicia del fin de legislatura y tiene en el horizonte más próximo una fecha clave: el 1 de enero de 2016.
Para entonces podría ser que Mariano Rajoy ya no ocupe la Moncloa. Eso se decidirá el próximo 20 de diciembre en las urnas, aunque fuentes del Ministerio de Justicia no tienen ninguna duda de que este proyecto seguirá adelante. «Este punto será prioritario en la próxima legislatura gobierne quien gobierne», aseguran fuentes gubernamentales, quienes además recuerdan que el pacto para modernizar la Justicia ya fue unánime en 2011 y que este imperativo legal de obligatoriedad de uso de las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia está recogida en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya fue aprobada a principios de octubre en el Congreso de los Diputados.
El reto es complicado, y por ello se hará por partes. A partir del 1 de enero de 2016, la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia deberá hacerse de forma electrónica. En un principio irá destinado a la Oficina Judicial, al Ministerio Fiscal, y a procuradores, abogados y graduados sociales. Aunque a partir de enero 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios, registradores, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Es más, el Real Decreto aprobado este viernes desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia así como que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente.
El «cien por cien» se alcanzará en julio de 2016
El Ministerio de Justicia ya ha asumido que el proceso de adaptación no será inmediato. Habrá un tiempo de implantación hasta julio de 2016. Según aseguran fuentes gubernamentales, el 1 de enero se espera que el sistema electrónico Lexnet ya funcione en los juzgados y tribunales que no tienen transferidas las competencias de justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla). Esto supondrá que todos los escritos que presenten los letrados y las resoluciones de los jueces se comuniquen por internet. Aunque para alcanzar el «nivel óptimo» de adaptación, donde ya se incluiría la tramitación electrónica del expediente digital, es probable que haya que esperar seis meses más, advierten desde el Departamento que dirige Rafael Catalá.
Para concretar este proyecto, Justicia ha firmado convenios de colaboración con las comunidades autónomas y ha puesto a su disposición las herramientas técnicas necesarias para la implantación de las comunicaciones electrónicas. En el caso de abogados y procuradores, el Gobierno está poniendo a su disposición unas claves con las que ya pueden presentar sus escritos. Además, también se están facilitando unas instrucciones específicas en cuanto a formato del documento y su peso (no puede ocupar más de 10 megas, aunque se está estudiando ampliarlo a 15), para que el sistema funcione bien.
«Dejaremos de ver carritos de supermercado circulando por los Juzgados cargados de documentos», ha proclamado este viernes Catalá, quien además ha insistido en que esta mejora de las comunicaciones electrónicas supondrán una mayor agilidad y un incremento de la transparencia de los procesos judiciales, un importante ahorro de costes, la reducción de las cargas administrativas y una mayor seguridad en el tratamiento de la documentación.