Hace meses que la corrupción en el Partido Popular ya no copa las portadas de los principales diarios de este país. Tampoco minutos en televisión y en radio. Incluso el último CIS de octubre alertó de que la preocupación ciudadana por este asunto va en descenso: la corrupción sigue ocupando el segundo lugar en la tabla de los principales problemas de España, por detrás del paro, pero desde enero hasta ahora ha caído 16 puntos. Sin embargo, los 'populares' han decidido que «reivindicar la política, y combatir la corrupción» sea el primer punto del programa electoral con el concurrirán a las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ni la economía, ni Cataluña, ni el terrorismo yihadista. El primer bloque que el PP ha dado a conocer y que ha titulado «La España que queremos» comienza por uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza ha dado a la formación conservadora durante la última legislatura. Los casos Gúrtel, Bárcenas y Púnica han puesto entre las cuerdas a su líder, Mariano Rajoy, que en más de una ocasión ha reconocido que han hecho «mucho daño» a su partido. Y en cierto modo han favorecido el ascenso de fuerzas emergentes que hoy disputan el trono al bipartidismo.
Este domingo, el PP ha desayunado con una nueva encuesta que confirma sus peores pesadillas: Ciudadanos no sólo está cerca, sino que ya le pisa los talones. Según el estudio que Metroscopia ha hecho al diario El País, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera tienen prácticamente las mismas opciones de ganar las próximas elecciones. Uno de los principales aspectos que se destaca de Ciudadanos es la novedad, la oportunidad de limpiar y regenerar la política sin necesidad de un cambio radical. En el PP la losa de la corrupción pesa y, por ese motivo, ha optado por reivindicar su labor a este respecto. «Hoy la corrupción es más difícil que ayer porque hemos cerrado espacios a la opacidad y fijado más controles que nunca», reza su programa electoral.
Cuatro hojas ocupa este asunto, aunque sólo introduce una novedad: «todos los cargos del Partido Popular suscribirán una Declaración de Compromiso que significará la adhesión a nuestros principios éticos y tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción».
El PP apela a la «vocación de servicio, honradez y ejemplaridad» de sus altos cargos e insiste en una cuestión que lleva defendiendo durante estos últimos años. La imputación (ahora llamada investigación tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no será suficiente para la expulsión de un Alto Cargo, sino que la «obligatoriedad de cese» se incorporará para los «encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral», que también será causa de «inelegibilidad absoluta». No aclara cómo lo hará, pero el PP dice que mantiene su compromiso de «reducir los aforamientos».
El resto del contenido de este bloque, insiste en los mensajes que el PP lleva lanzando desde que explotó el 'caso Bárcenas'. «Quien la hace, la paga». «Somos el Gobierno que más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción». «La regeneración democrática ha sido uno de los ejes principales del programa reformista del Gobierno». Y «hoy la corrupción se castiga con mayor contundencia», son algunos de ellos.
En este sentido, el PP también se compromete a «potenciar» la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción: «los recursos económicos procedentes de los delitos por corrupción se destinarán a luchar contra el fraude y resarcir a las administraciones perjudicadas por este delito». A «proteger» a aquellos cuya información haya sido relevante para «destapar actividades ilícitas» en el ámbito de la Administración. Y en el ámbito de la transparencia, además de seguir «desarrollando en profundidad» la Ley de Transparencia, los conservadores se comprometen a «regular» la actuación de los lobbies. En concreto, abogan por poner en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades. Un mecanismo similar al que ya existe en la Unión Europea.
Justicia, Senado y Ley Electoral
La actualización de las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para modificar el sistema de elección de sus miembros ya no es una prioridad para el Partido Popular. Fue una de las promesas estrella del 2011, pero el Gobierno de Mariano Rajoy finalmente se echó atrás. En noviembre de 2013, y a pesar de tener mayoría absoluta, optó por pactar y repartirse con el PSOE las cuotas respectivas en el CGPJ. En esta ocasión, el PP se limita a decir que «promoverá» un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del CGPJ, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros.
Otro apartado vacío de contenido es la cacareada reforma del Senado. El PP apela al consenso y advierte de que no hará nada sin él. «Seguiremos defendiendo la búsqueda de consensos para avanzar en su configuración como un auténtico foro principal para debate de grandes cuestiones de naturaleza territorial».
En lo que sí insisten los conservadores es en reformar la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada. Aseguran que abrirán un proceso de diálogo autonómico para conseguir un pacto entre administraciones públicas. Su idea sigue siendo la misma que se presentó en su última Convención Nacional celebrada en Madrid: establecer una prima de gobernabilidad a aquellos partidos que hayan ganado claramente las elecciones y con una distancia considerable de la segunda fuerza. Y en el caso de que no exista esta distancia introducir un sistema de doble vuelta.