España ya cuenta con un Registro Central de Delincuentes Sexuales. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a un Real Decreto que crea y regula este listado, al que deberán acudir a partir de ahora todas las personas que quieran trabajar en contacto con menores de edad para acreditar, ante su empleador, que no tienen antecedentes por abuso de menores. «Se establece así un sistema eficaz para impedir que las personas que hayan cometido cualquier delito sexual puedan tener acceso o seguir ejerciendo profesiones, oficios u otro tipo de actividades que impliquen un contacto habitual con menores de edad», ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno da cumplimiento así a la Ley de Protección de la Infancia. Según ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, este registro estará «operativo inmediatamente» y recogerá a los 43.765 condenados por delitos sexuales que hay en la actualidad en España y se irá ampliando bebiendo tanto del Registro Central de Penados como del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores. Además, incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía.
El ministro de Justicia ha aclarado que la identidad de la víctima no figurará, aunque sí quedará constancia de su minoría de edad, si la hubiera.
Con esta nueva iniciativa, la persona que quiera trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá de acreditar ante quien le contrate que no ha sido condenado por este tipo de delitos. En el caso de los ciudadanos extranjeros, además, deberán de probar que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales. Además de los datos identificativos de los condenados, en este registro se incorporará el código identificador del perfil genético (ADN) de los condenados cuando lo establezca una resolución judicial. «Esto posibilitará el seguimiento y control de ese tipo de delincuentes dentro y fuera de las fronteras de España», señalan desde el Ministerio de Justicia.
La información no será pública, pero sí podrán acceder a ella los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial para la prevención y persecución de los delitos sexuales, así como los propios interesados, que podrán solicitar la certificación gratuitamente. Eso sí, siempre quedará constancia de la identidad de las personas que acceden al Registro y de los datos que han sido consultados.
Además, y según establece el Gobierno en este Real Decreto, se podrán realizar certificados de los datos inscritos, sin consentimiento de los interesados, por el encargado del Registro cuando exista petición expresa de las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, así como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación.