Fuentes del Ministerio de Justicia han mostrado este lunes su «absoluta perplejidad» tras conocer el comunicado en el que la Generalitat valenciana anuncia que no aplicará a día 1 de enero, como marca la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la obligación de que las comunicaciones entre profesionales de la Justicia se realicen a través de vías telemáticas, primer paso para alcanzar el objetivo papel cero en los tribunales.
Las citadas fuentes recuerdan que el Ministerio ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas la herramienta Lexnet que servirá de medio para que los abogados y procuradores puedan presentar sus escritos y recursos de forma electrónica.
El departamento dirigido por Rafael Catalá también ha hecho hincapié en la reciente firma de una acuerdo de colaboración con ésta y otras comunidades por el que se ha dotado a Valencia de una partida de 859.879 euros que deben ser destinados a la modernización de la Justicia y la implementación de nuevas tecnologías.
El Ministerio recuerda que las leyes son de obligado cumplimiento para todos y, en especial, para las instituciones. Concreta que el expediente digital, último paso para que los juzgados prescindan del papel, debe estar en marcha a día 1 de julio del próximo año, según exige la Ley 18/2011.
La administración de Justicia valenciana ha anunciado este lunes que no incorporará lo establecido en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así se ha decidido en la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas tras la reunión mantenida por sus responsables con los representantes de los principales operadores jurídicos de la Comunitat.
La norma obliga a todos los profesionales de la justicia al empleo de «los sistemas telemáticos existentes» para la presentación de escritos y documentos, así como en todos los actos de comunicación procesal necesarios durante la tramitación de cualquier proceso.
En la reunión, la titular del ramo, Gabriela Bravo, ha expuesto a los representantes de los operadores jurídicos que la administración autonómica no dispone de esos sistemas telemáticos, de tal forma que «no está garantizada la autenticidad de la presentación de los documentos, el registro fehaciente de su envío o recepción, así como constancia de la fecha en que se realicen esas operaciones».
Eso es lo que exige el artículo 273 de la ley «en los casos en que se disponga de dichos medios», ha puntualizado la consellera, por lo que en el caso de la Comunitat Valenciana esa previsión no será efectiva el próximo 1 de enero y los documentos podrán ser presentados en los juzgados, tribunales o fiscalías en soporte papel, como hasta ahora.