Un grupo de 12 conserjes del Museo del Ejército, contratados por la empresa Pronan, tendrán que ser readmitidos en su puesto de trabajo, según ha dictado el juzgado de lo Social n.º1 de Toledo. La jueza encargada del caso ha declarado nulos los despidos de 12 trabajadores de esta empresa, adjudicataria del servicio de conserjería de las instalaciones.
En la sentencia, la juez obliga readmitirlos “de manera inmediata” y a pagarles “los salarios dejados de percibir desde las fechas de sus despidos”, que se produjeron entre el 29 de octubre y el 27 de noviembre de 2014.
Según un comunicado de Comisiones Obreras (CCOO), la magistrada fundamenta su fallo en la vulneración del derecho fundamental de libertad sindical de los trabajadores, así como en el rechazo a los recortes de derechos y salarios que les impuso la adjudicataria Proman al asumir el contrato del Ministerio de Defensa.
Rebaja de derechos
CCOO explica en su nota que los trabajadores estaban contratados anteriormente por la empresa Ombuds, que les había hecho un contrato por obra y servicio, con su propio convenio y salarios mensuales de alrededor de 750 euros. Cuando la empresa Pronan consiguió el contrato, el 1 de octubre de 2014, solo subrogó a 20 de los 35 conserjes, con un nuevo contrato “eventual por acumulación de tareas”, sin reconocerles la antigüedad acumulada en sus puestos de trabajo, entre 4 y 7 años, y exigiéndoles además que aceptaran rebajar sus salarios más de 200 euros mensuales.
Empresa imputada
El sindicato explica que la empresa Proman, “supuestamente en connivencia con dos tenientes coroneles de la Junta de Contratación del Ejército”, consiguió este contrato del “servicio de auxiliares de servicio y control” del Museo del Alcázar.
La empresa habría rebajado su propuesta económica hasta el límite de sostener el lucro empresarial mientras pagaba a los trabajadores el salario mínimo y eludía la aplicación de cualquier convenio colectivo, según CCOO.
La empresa ha sido imputada por cohecho junto con otras 13 empresas contratistas de Defensa y la Justicia Militar ha abierto diligencias contra dos tenientes coroneles por cobrar comisiones por la adjudicación de recursos.
Las demandas interpuestas por CCOO, sindicato al que están afiliados todos los trabajadores afectados, han sido apoyadas por “la cooperación con la Justicia de lo Social por parte de los mandos militares del Alcázar, cuyo testimonio ha coadyuvado a la conformación de la decisión judicial”, según explica el sindicato en una nota.