El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del caso Nóos, ha subrayado que «la única respuesta judicial posible» para la infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que «la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen». Asimismo, ha subrayado que «no es posible orillar» la aplicación de la Ley en este sentido «amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'».
Más en concreto, se ha referido al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo solicitan Fiscalía y acusación particular. De hecho, tal y como ha abundado, el artículo 124 de la Constitución «otorga al Ministerio Fiscal la misión de defender la legalidad, y ello incluye el cumplimiento del artículo 782 de la LeCrim en sus estrictos términos».
«No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado», ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal «no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes» puesto que «las apariencias sólo son poses y espejismos».
Para reforzar sus alegatos, el fiscal ha expuesto un caso «idéntico» al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Doctrina Botín para la mujer de Torres
Horrach también se ha referido a Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, para quien pide que también le sea aplicada la doctrina Botín en relación al delito fiscal que le imputa Manos Limpias y no el resto de acusaciones. A diferencia de la Infanta, Tejeiro sí debe continuar en el banquillo puesto que la Fiscalía la acusa por otro delito, el de blanqueo de capitales, por el que reclama dos años de prisión para ella.
El fiscal sí considera que ambas se beneficiaron del dinero defraudado a Hacienda por parte de sus cónyuges, por lo que reclama una fianza civil de 587.413 euros para la Infanta, a la que ésta ya hizo frente en su día, mientras que sobre la mujer de Torres pesa una caución de 1.144.240 euros, correspondientes a las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
En su intervención, Horrach ha citado al jurista clásico Cesare Beccaria, autor de la obra 'De los delitos y las penas', y ha hecho suya una frase de Manuel Azaña: «Lo que importa es tener razón y, después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla; porque sería triste cosa que, teniendo razón, pareciese como si la hubiésemos perdido a fuerza de palabras locales y de hechos reprobables».
En concreto, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar la causa, deberá decidir sobre la aplicación o no de la doctrina Botín sobre ambas esposas antes del próximo 9 de febrero, día en que prevé reanudarse la vista oral con el interrogatorio de cada uno de los acusados de la causa.