Los autores de un informe pericial aportado por la Infanta Cristina en la primera sesión del juicio del caso Nóos estiman en 347.712 euros el importe del dinero del que se habría lucrado procedentes de los fondos que Iñaki Urdangarin supuestamente defraudó a Hacienda a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y señalan que en caso de que la acusada sea absuelta de los dos delitos fiscales a los que se enfrenta, «entendemos que el beneficio obtenido por ella sería oportunamente restituido a la Hacienda Pública».
Los peritos Jordi Bellobí y David Sardà inciden en que, de no apreciarse finalmente delito fiscal en la actuación de la hermana del Rey, ello no es incompatible con el hecho de que la acusada pudiera resultar partícipe a título lucrativo de las actividades ilegales desplegadas por Urdangarin a través de Aizoon, y que supusieron una defraudación de 337.138 euros en las cuentas del IRPF de 2007 y 2008.
De hecho, consideran «razonable» atribuir como «beneficio personal por disfrute del activo -liquidado con fondos procedentes de Nóos y obtenidos de forma presuntamente ilícita- al 50 por ciento a cada cónyuge», y aseveran que estos fondos «han sido disfrutados de forma continuada por la unidad familiar» en la adquisición de mobiliario y otros enseres personales.
Se trata de una conclusión que va en línea de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que no existen sobre la Infanta indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido defraudó a Hacienda a través de la anterior mercantil 'pantalla'.
Es más, el artículo 122 del Código Penal establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación» aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
Para Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta -ocho años de prisión-, el papel de ésta fue imprescindible -de ahí que la considere cooperadora necesaria- para que su esposo pudiera defraudar a la Agencia Tributaria fracturando a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
El informe precisa cómo en 2004 y 2005 la práctica totalidad de los ingresos de Aizoon -854.732 euros- procedían de la facturación librada a las mercantiles Nóos Consultoría Estratégica y del Instituto Nóos, epicentro de la trama de empresas ficticias que Urdangarin y su exsocio Diego Torres habrían urdido para apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas.
De la cantidad facturada, los peritos especifican que el patrimonio neto remansado atribuible a las anteriores actividades ilícitas asciende a 690.139 euros, un importe que, destacan, es superior a los fondos propios de Aizoon derivados de la actividad inmobiliaria de la mercantil.
A partir de enero de 2006, prosigue la pericial, Aizoon cesó completamente sus facturaciones a Nóos, pasando desde entonces a facturar por servicios de consultoría a empresas privadas que, según Hacienda, Urdangarin debía haber tributado en su IRPF. En concreto, el marido de doña Cristina percibió 1,5 millones de euros por estos trabajos, realizados a las mercantiles Mixta África, Motorpress Ibérica, Havas Sport France, Pernod Ricard, Altadis, Aceros Bergara y Lagardere Ressources.
Se da la circunstancia de que el año pasado la Infanta hizo frente al pago de 587.413 euros reclamados por el fiscal Pedro Horrach para la mujer de Urdangarin, mientras que el juez Castro elevó a 2,7 millones de euros la responsabilidad civil a la que la Infanta debía hacer frente.