El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga a Ana María Marjaliza, hermana del presunto cerebro de la trama 'Púnica' y socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, por participar presuntamente en intercambios de información en la tramitación de licencias urbanísticas y blanquear las ganancias ilícitas obtenidas por su hermano David Marjaliza.
En un auto, el magistrado hace suyos los argumentos de la Fiscalía para rechazar archivar la el caso de Ana María Marjaliza, ya que está siendo investigada por ofrecer una «colaboración necesaria» para la comisión de delitos de asociación ilícita, corrupción y blanqueo de capitales.
«En el momento actual, se están investigando los intercambios de información en la tramitación de licencias urbanísticas, a cambio de favores y recompensas a favor de Marjaliza y su grupo de testaferros y cómplices», explica.
En esta trama, el juez señala que la hermana de David Marjaliza «desarrolló su trabajo en el departamento de tesorería y gestión económica de las licencias» y los posibles factores que realizó ese órgano constituye una de las líneas de investigación abiertas entorno a la trama de corrupción.
Un tercio de acciones
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 destaca también que Ana María Marjaliza es administradora de la sociedad Inversiones y Estudios Urbanos, que forma parte del grupo dirigido por su hermano David, y que «contribuyó de forma necesaria en la dinámica de ocultación y transformación de las ganancias ilícitas» obtenidas por el constructor.
En este punto, el magistrado sitúa los indicios de blanqueo que afectan a la empresa Singapur Milenio Trading y la compañía Inversiones y Estudios Urbanos, que «aparentó vender las obras de arte» de David Marjaliza. El dinero fue repatriado de nuevo e invertido en la cuenta de Ibercaja en la que la investigada estaba autorizada.
La sociedad Nexus, de la que es propietario David Marjaliza y donde centralizaba su «abultado» patrimonio, contó también con la colaboración de su hermana, que «detentaba de forma simulada un tercio de las acciones». El juez sospecha que el constructor puso a nombre de su sobrina, nacida en 1997 e hija de Ana María Marjaliza, un patrimonio valorado catastralmente en 589.600,24 euros.
El juez Velasco dejó el pasado 30 de diciembre en libertad a David Marjaliza, socio y amigo de la infancia del exdirigente 'popular' Francisco Granados, tras haber satisfecho la fianza de 100.000 euros que le impuso por su «dinámica de colaboración» con la Justicia.
En concreto, destacó que Marjaliza ha aportado «evidencias documentales incriminatorias» y ha auxiliado a su juzgado en «la recuperación de activos de origen delictivo». Los investigadores han recibido informaciones procedentes de sus testaferros y «colaboradores más inmediatos», en referencia a su secretaria, Ana María Ramírez.
Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros, la presencia en unas 150 empresas e incluso la construcción de un zulo para ocultar «obras de arte y dinero», está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.
Estos delitos se atribuyen también al exconsejero madrileño Francisco Granados, el único de los miembros de la trama que permanece en prisión.
Un centenar de imputados
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en la adjudicación de contratos supuestamente fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' en las comunidades de Madrid y Murcia, la Diputación de León y una decena de ayuntamientos.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa se encuentran, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; los antiguos titulares de Educación Lucía Figar y Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.