«No podemos asegurar que la muerte no tenga relación con el estudio, por lo que señalamos su relación», escribió el doctor Eugenio Chamizo, jefe del servicio de Reumatología del hospital de Mérida en el historial del paciente. El estudio, un ensayo clínico. El fallecido, Juan Santos Serra, enfermo de lupus eritematoso que se ofreció voluntario a la investigación porque “le prometieron que iba a cambiar su vida”, asegura su cuñado, José Francisco Cuenca.
A los nueve meses de comenzar las sesiones, el 20 de abril de 2013, Juan Santos falleció en una cama del hospital, y a día de hoy todavía no han visto la póliza de seguro. La familia del fallecido ha optado por querellarse contra la farmacéutica AstraZéneca, su aseguradora, el doctor Chamizo y el propio hospital de Mérida tras rechazar la indemnización que le ofrecía la farmacéutica.
El acuerdo ofrecido por AstraZéneca era de 85.000 euros a cambio de su silencio, a cambio de que “nunca saliera a la luz pública el caso”, a lo que añadieron “unas cláusulas legales abusivas”, ha afirmado Cuenca, como devolver el triple de la indemnización pagada si la situación era conocida por los medios.
«Después de la última sesión, empezó a encontrarse bastante mal», relata la familia. «La temperatura le subió a 41 grados y echaba esputos con sangre. Entonces su mujer le llevó al centro de salud y desde allí le trasladaron enseguida al Hospital Tierra de Barros. A las cinco de la mañana la tensión le bajó a 5/3 y al amanecer entró en parada cardiorrespiratoria. Al final terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos de Mérida, donde falleció. Pero yo sé que cuando salimos del hospital el ya estaba muerto”, expresa Cuenca.
La familia reclama 600.000 euros por el fallecimiento y sostienen que se cometió un supuesto delito de homicidio imprudente y estafa, debido al consentimiento informativo que firmó Juan en el que se establecía “un seguro que cubre los daños y el menoscabo de la salud que puedan producirse en el ensayo clínico”, explica el cuñado del fallecido, y añade que “Juan fue engañado porque creyó que su mujer e hijo quedaban amparados al someterse al ensayo clínico”.
Además, según el Real Decreto 223/2004 de ensayos clínicos – actualmente derogado –, el investigador debe “notificar inmediatamente los acontecimientos adversos graves o inesperados al promotor”, situación que, según Cuenca no se llevó a cabo. “Nosotros lo que decimos es la verdad. Es la única verdad que hay”, y lamentan que esta lucha contra un gran complejo farmacéutico sea una “batalla de David contra Goliat”.
Además, en el mismo texto legal, se expresa que deben presentarse “los documentos referentes al consentimiento informado, incluyendo la hoja de información para el sujeto de ensayo.” Y, de hecho, existen tres hojas firmadas a las que ha tenido acceso Estrella Digital, en relación a las tres subidas de dosis que le aplicaron al paciente, pero las rúbricas de Juan Santos no coinciden. “No decimos que sean falsas, porque hemos contratado a un perito calígrafo para que lo estudie, pero es verdad que son firmas diferentes y que es algo que nos llama la atención”, explica Cuenca.
La familia no piensa tirar la toalla. Aseguran que todo el caso «es mentira, todo mentira» y «seguirán en la lucha» hasta que los juzgados solucionen el problema. “Se han cometido muchas irregularidades por el miedo de AstraZeneca a que esta y otras cuatro muertes ocurridas durante el ensayo hagan fracasar su medicamento», afirman, pues se trata de un ensayo que está realizándose en numerosos hospitales alrededor del mundo. «Sabemos que han abierto el ensayo clínico y han podido manipular los datos para encubrir esta muerte. No sería la primera vez que la industria investigadora manipula los datos de un ensayo clínico y han sido condenadas por ello”, ha afirmado José Francisco Cuenca.
Desamparados por el sistema español
Desde el comienzo de 2016, 80 ensayos clínicos se han llevado a cabo en territorio español. Estas investigaciones y experimentos tienen el beneplácito de la administración y del Ministerio de Sanidad, institución a la que la familia Santos no termina de comprender.
La familia del fallecido se lleva las manos a la cabeza por el caso de los ensayos clínicos en Francia, al compararlo con su tragedia. “La diferencia que existe es que cuando estas cinco personas francesas, que se encuentran en estado grave debido al ensayo clínico, la ministra francesa se ha personado allí, ha dado una rueda de prensa, la Fiscalía ha abierto una investigación. Y ¿aquí en España qué pasa?, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros hemos hablado con el defensor del usuario y hemos hablado con el director de Políticas Sociales de Extremadura, y se echan la patata caliente de unos a otros y a nosotros nos tienen desamparados totalmente”.