La Agencia Española de Protección de Datos va a investigar la destrucción de 15.000 pruebas radiológicas destapada en exclusiva por Estrella Digital la semana pasada. Imágenes perdidas, radiaciones a ciegas, pacientes de oncología sin poder realizar un seguimiento de la evolución de su enfermedad, informáticos enfadados, las consecuencias del caos en la custodia y almacenamiento de las pruebas diagnósticas de imagen en el Centro Asistencial de Ávila (en el que están incluidos cuatro centros sanitarios públicos) ya van más allá del erjuicio a los usuarios de la sanidad. Si la investigación de la agencia prospera, la sanción no sería económica, como sucede cuando se trata de empresas privadas, sino que se ordenaría el «mandato de corregir de manera inmediata». Además, el director de AEPD «podrá proponer» la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.
Además el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y el Colegio de Informáticos de Castilla y León se unen a los sindicatos y reclaman «responsabilidades políticas».
Las consecuencias por la pérdida de 15.000 radiografías en Ávila por el fallo de un sistema informático arcaico pueden cobrarse las primeras víctimas políticas. Más de un alto cargo de la Sanidad de Castilla y León podría ver peligrar su puesto de trabajo si prospera la investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. Aunque la entidad ha decidido entrar de oficio en el asunto, fue la Defensora del Paciente y los artículos publicados en prensa quien puso en alerta a la agencia encargada de velar por los datos personales de los ciudadanos.
Carmen Flores, presidenta de la asociación que defiende los derechos del paciente, redactó un escrito en el que solicitaba a la Agencia Española de Protección de Datos «la apertura de un expediente sancionador» contra la Consejería de Sanidad de Castilla y León. La AEPD ya ha iniciado actuaciones previas a la investigación para “acreditar” la pérdida de todas las imágenes clínicas del Complejo Asistencial de Ávila entre los meses de Julio y Octubre.
El primer paso emprendido por la agencia se puede alargar hasta un máximo de un año. Si logran corroborar la información publicada en los medios y los testimonios de los afectados, el siguiente procedimiento sería la apertura de una investigación formal.
Al haber ocurrido los hechos en un centro sanitario de carácter público, y no privado, se llevaría a cabo una «declaración de infracción de administraciones públicas». Ésto significa que que el Director de la Agencia «podrá proponer» la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones Públicas.
Si finalmente la agencia logra demostrar que ha existido una vulneración de protección de datos la sanción no sería económica, como sucede cuando se trata de empresas privadas, sino que se ordenaría el «mandato de corregir de manera inmediata» la situación para evitar que volviera a repetirse un caso así.
Al ser un tema tan controvertido y que ha levantado tanta polémica en los medios locales y nacionales, la AEPD pretende “analizar” el asunto con “calma” para no “precipitarse” y realizar una valoración “sin los datos suficientes”.
A la espera de dimisiones
Por su parte, el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha exigido el cese “inmediato” de Maria Antonia Pedraza y Daniel Muñoz, gerente y director médico del Complejo asistencial de Ávila, respectivamente. Alegan que haber «ocultado de forma deliberada la pérdida de estudios radiológicos a la opinión pública», y » no haber dado explicaciones ni haber pedido disculpas a todos los usuarios afectados» , son motivos suficientes como para que abandonen sus cargos.
Además, muestran su apoyo incondicional al personal sanitario del Complejo Asistencial de Ávila, «por el esfuerzo que se ven obligados a realizar, y en especial al servicio de Radiología, esperando que no sean estos profesionales los que paguen con ceses u otras medidas la incompetencia del equipo directivo». La reivindicación viene después de que Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León, declarara que la pérdida de las 15.000 imágenes clínicas se debía a “un error humano” y que el hecho “carecía de importancia porque sólo se han tenido que repetir 16 pruebas”.
“Detrás de cada fallo informático hay una responsable político”
CSIF censura la «deficiente gestión» de la Consejería de Sanidad y apunta al consejero, Antonio María Sáez, como «responsable último en los nombramientos del actual equipo directivo del Complejo Asistencial», a la vez que denuncia las continuas caídas que se dan en el programa Medora, que utilizan los médicos de Atención Primaria.
En este sentido también se ha pronunciado el Colegio de Informáticos de Castilla y León. El colectivo se “solidariza” con los ciudadanos y profesionales sanitarios ante los “constantes fallos” de los sistemas informáticos del SACyL. También advierten que la pérdida de las pruebas radiológicas no son sólo sino una de las consecuencias de la “falta de inversión, la falta de personal y la falta de presupuesto en los departamentos de las TICS (Tecnologías de la información y la comunicación) de las Instituciones Públicas”.
Por último, califican de “inaceptable” aceptar como “un error humano” la falta de copias de seguridad de un sistema tan importante para los médicos y los pacientes y sentencian: “Detrás de cada fallo informático hay una responsable político”.