La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado este jueves que el partido va a llevar a cabo una medida hasta ahora «inédita» en la política y presentará una demanda por vía civil para reclamar a todos sus cargos condenados por corrupción, con sentencia firme, para pedir una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.
Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en la que ha explicado que esta acción está regulada en el artículo 1902 del Código Civil y el dinero que se recaude irá destinado a los fines sociales que se determinen .
Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando la demanda al exconseller Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado con sentencia firme por el caso Cooperación. Según ha recalcado Bonig, con esta acción se pretende que, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que determine el juez, «hay que dar un paso más» y que los condenados por corrupción «paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes».
La investigación se extiende
La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos -hay 24- están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.
Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.