El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ordenado este sábado la prisión incondicional para los dos titiriteros acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo, «por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución», según recoge el auto.
En el documento, el magistrado explica que los dos detenidos durante el desarrollo de la obra 'La bruja y don Cristóbal' «escenificaron numerosas acciones violentas«, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez y el apuñalamiento de un policía, y la violación de una monja.
El juez también indica que mostraron una pancarta con la leyenda 'Gora Alka-ETA'. En el auto apunta que los acusados han explicado que se trataba de un juego de palabras referido a Al-Qaeda, por lo que el magistrado entiende que el enaltecimiento no iba sólo dirigido a la banda terrorista ETA sino también a Al-Qaeda.
Además, el titular del juzgado destaca que «el público infantil presente estaba acompañado mayoritariamente por sus padres», de forma que unos abandonaron «escandalizados el lugar por lo que estaban viendo mientras que otros arremetieron contra los actores».
El juez asume así la petición realizada por la Fiscalía, que pedía esta medida al entender que los dos actores deben ser enviados a la cárcel debido a la reiteración en la gravedad del hecho y que los destinatarios del mensaje eran niños, han informado fuentes fiscales.
Mil euros por dos funciones
La compañía Títeres desde Abajo iba a cobrar 1.000 euros del Ayuntamiento de Madrid por las dos representaciones previstas, mientras que el encargado de programar las actividades se iba a embolsar 5.600 euros por su labor. Así lo indica el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que explican que la persona que seleccionó las actividades «fue escogida por su experiencia en el trabajo con los agentes sociales y culturales del distrito de Tetuán», si bien no han querido facilitar su identidad.
A ella se suma otra persona, la encargada de la coordinación artística del Carnaval por la empresa municipal Madrid Destino, que iba a percibir una cuantía máxima de 18.000 euros.
El comunicado incide en que «la responsabilidad sobre los contenidos de las fiestas recaía en la dirección artística de las mismas», en línea con lo que ha afirmado la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, en declaraciones ante los medios de comunicación.
El Consistorio recuerda que se «ha ordenado el cese de la relación con la dirección artística del Carnaval de Madrid 2016», pese a que «la dirección artística conocía la sinopsis citada, pero no el contenido exacto de la representación».
La denuncia presentada este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla por parte de una responsable de la empresa municipal de Madrid Destino y en presencia de Mayer se refiere a que «en el curso de la actuación se han escenificado actos ofensivos y lesivos para la sensibilidad, especialmente atendiendo a la edad del público». Se considera, por tanto, que se incumplieron las condiciones por las que la compañía había sido encargada de la representación.