El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar mañana como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola Llados, tras aceptar la investigación de un juzgado de Barcelona sobre la fortuna oculta en Andorra que vinculaban a la herencia del abuelo Florenci.
De la Mata investiga el origen del patrimonio del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y mantenía imputados a sus hermanos Pere y Josep, al considerar que el conjunto de la familia ha venido «orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos».
Tras aceptar la competencia de la causa 'catalana', ha sumado a su investigación al matrimonio Pujol-Ferrusola y a sus hijos Marta, Mireia y Oleguer, que permanecían imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, del que es titular la magistrada Beatriz Balfagón, que se inhibió por razones de conexidad a favor de la Audiencia Nacional.
Así, interrogará el miércoles al exjefe del Gobierno catalán a las diez de la mañana y a su esposa a las once y media y escuchará el día siguiente a las diez a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, quien ha pedido declarar a petición propia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca que los vínculos, las pautas «comunes» de comportamiento, la «asignación de roles» y el reparto de cantidades «multimillonarias» en función de los ingresos que recibían en cuentas bancarias «ocultas» en el extranjero y su «particular sistema de rendición de cuentas para controlar» esa distribución de fondos, revela la existencia de «un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación».
El magistrado relata que el primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer, Mercé Gironés, son titulares en Andorra de varias cuentas corrientes cuya existencia negaron y de las empresas Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Traslation e Inter Rosario Port Services, que facturaron más de 11 millones de euros, no generaron ningún valor real añadido y su «única utilización fue canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y el extranjero».
Según señala, la pareja utilizó un entramado societario bajo la cobertura de «contratos simulados y facturas falsas» y sus cuentas recibieron traspasos de dinero que en algunos casos han sido identificados con personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña».
Apunta como presuntos testaferros de Pujol Ferrusola a José de Alba Barnola, Antoni Zorzano Riera o Juan Manuel Rosillo Cerrejón, que le habrían permitido guardar abrir depósitos en México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá o Andorra.
Según el juez, el hijo mayor de los Pujol distribuyó parte de los fondos entre sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta y se los hizo llegar a su madre en cantidades iguales o similares y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido a sus cuentas.
La instrucción ha revelado que después de que se produjera un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se realizaran traspasos a las cuentas de Andorra de sus hermanos, movimientos que beneficiaban también a la cuenta de su madre Marta Ferrusola LLados.
De la Mata señala que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola han dispuesto de importantes cantidades de dinero a través de cuentas bancarias abiertas en Andorra, en las que figuran como titulares cada uno de los hermanos y Marta Ferrusola, siendo Jordi Pujol Soley beneficiario «real» de otra de las cuentas.
En el caso de Pujol Soley, explica que es titular real de los fondos de la cuenta 63810 de la Banca Reig que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con «idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen».
El 28 de octubre de 2010, dispusieron en efectivo de los 1.145.000 que guardaba el depósito y el 30 de diciembre de ese año dejaron el saldo «a cero».
«Dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años como presidente de la Generalitat», prosigue el juez, para añadir que tampoco se ha acreditado la cantidad de la herencia que recibió el exmandatario catalán de su abuelo Florenci y que mencionó en un comunicado que hizo público en julio de 2014.
En este sentido, De la Mata insiste en que hay «operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias» y que no constan negocios jurídicos que expliquen las transferencias o incrementos patrimoniales, pero sí contratos «aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregarles contrastables» además de explicaciones y coartadas contradictorias y sin justificarse «mínimamente».