Hecatombe en el Partido Popular. La corrupción asfixia a Mariano Rajoy. Sus dos grandes bastiones electorales se derrumban. La 'operación Taula' valenciana y la 'operación Púnica' madrileña explotan de nuevo en medio de las negociaciones para configurar un nuevo gobierno.
El líder 'popular' se reúne este viernes con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Si antes el entendimiento ya era complicado, ahora, pocas horas después de que la Guardia Civil haya accedido al despacho del exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y pocas semanas después de los registros producidos en la sede valenciana, es imposible.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha vuelto a provocar un tsunami en el PP de Madrid. Velasco investiga la presunta comisión de delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una nueva fase de la 'Operación Púnica', que apunta a una supuesta financiación irregular del partido en Madrid. Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de OHL Javier López Madrid al exgerente del PP de Madrid hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez.
La Guardia Civil ha accedido al despacho del 'popular' y se ha incautado del ordenador con el que trabaja. También ha sido registrada su vivienda particular. Beltrán Gutiérrez sigue siendo empleado del PP de Madrid, pese a haber sido apartado de la gerencia del partido y del Ayuntamiento de la capital tras destaparse el escándalo de las 'tarjetas black' de Caja Madrid. Una decisión que tomó Aguirre en 2014, después de conocerse que su gasto con la tarjeta ascendió a 58.000 euros, y que no estuvo exenta de polémica. Aguirre tuvo que explicar que no se trataba ni de «una baja encubierta, ni de un despido, ni de una contratación», sino que el exgerente era empleado del partido desde hacía 20 años y así ha seguido siendo.
Agentes de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) han accedido también al domicilio, así como a dos despachos personales del empresario Javier López Madrid, si bien una portavoz oficial de OHL ha especificado que no se han visto afectadas por estas actuaciones ninguna de las plantas que ocupa la constructora en su sede de Madrid, ubicada en Torre Espacio.
Los registros, que han durado dos horas, se han producido después de que se conociera que la UCO investigaba la veracidad de unos apuntes requisados en una agenda de Francisco Granados donde se señalaban posibles cobros de comisiones ilegales al PP de Madrid. En estos documentos se supone que había anotaciones con «JLM» y otras con «me», en inglés, que correspondían al dinero detraído por el propio Granados, o con «B.G», correspondiente a Beltrán Gutiérrez, investigado también por el 'caso Gürtel'.
Un duro revés que se produce un día antes de que su presidenta, Esperanza Aguirre, comparezca en la comisión de investigación sobre corrupción que se celebra en la Asamblea de Madrid. Y de que el consejero madrileño de Medio Ambiente y hombre de confianza de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, declare como testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la 'trama Gürtel'.
Rajoy advirtió la semana pasada en el Congreso de los Diputados: «Esto se acabó. Ya no se pasa ninguna». Sin embargo, los últimos acontecimientos conocidos ponen en tela de juicio esta determinación. Este jueves, uno de sus trabajadores (al que Aguirre ha definido como «funcionario del partido») ha sido registrado por la Guardia Civil y por el momento no le pasará nada. Y dos días antes blindó en el Senado a su «amiga personal» Rita Barberá, sobre la que el cerco en la 'operación Taula' cada vez se estrecha más. A estas alturas, no sólo no le ha reclamado el acta a Barberá, sino que la ha incluido en la Diputación Permanente de la cámara alta, lo que significa que si se produjera una nueva convocatoria electoral, ella continuaría aforada.