La Fiscalía ha retirado la acusación contra dos de los sindicalistas, conocidos como los ‘ocho de Airbus, que participaron en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Estaban acusados de tres delitos: atentado contra los derechos de los trabajadores, atentado contra la autoridad y lesiones y solicitaba penas de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos.
La fiscal del caso ha decidido, por otro lado, rebajar su petición de penas de prisión para los otros seis sindicalistas encausados por los mismos delitos. En concreto, la Fiscalía ha reducido su solicitud por el delito contra el derecho de los trabajadores a dos años de prisión y ha optado por retirar la solicitud de multa; ha pedido disminuir a un año de prisión la pena por el delito de atentado y a seis meses por cada uno de los delitos de lesiones presentados. Así lo ha constatado en la cuarta sesión de la vista oral, que se ha celebrado este viernes en los juzgados de Getafe.
José Alcázar, portavoz de los '8 de Airbus' y uno de los sindicalistas encausados, ha querido alabar a su defensa y la ha calificado como «contundente» y «excelente». «Estoy contento por mis dos compañeros y estoy esperanzado de que haya una sentencia absolutoria», ha explicado a este diario. La sentencia se hará pública la semana próxima.
Los sindicalistas siempre han negado los hechos y se han declarado inocentes. Sostienen que su condena supone un intento de condenar el derecho de huelga. Así lo han manifestado en la sesión de este viernes, en la que han negado las agresiones a la policía y las coacciones a los trabajadores.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de septiembre de 2010, durante la celebración de la huelga general en la sede de Airbus en Getafe. Tal y como explicó José Alcázar, portavoz de los 8 de Airbus, a este diario, se consideran inocentes y denuncian que el objetivo del Gobierno es “criminalizar” el derecho de huelga. “La acusación a los ‘ocho de Airbus’ es una orden política”, explicó.
De hecho, los sindicalistas han recibido el apoyo de la mayoría de partidos políticos y sindicatos, incluso a nivel internacional. Tanto las organizaciones CCOO, UGT, como Podemos y PSOE y Jueces para la Democracia coinciden en la necesitad de derogar el artículo 315.3 del Código Penal, por el que han sido juzgados los sindicalistas, puesto que creen que sanciona a los piquetes informativos.