La ya expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se va, pero lo hace matando. El momento elegido para dar a conocer esta decisión no es casual. No sólo lo hace un día antes de que empiecen las presiones públicas sobre ella, sino que con este adelantamiento por la derecha redirecciona la presión sobre el líder del PP nacional, Mariano Rajoy. Además, deja en evidencia a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y su insistencia por blindarse en el Senado.
Aguirre se convierte en la primera dirigente 'popular' de primera línea que abandona su puesto por «responsabilidad política» tras la ristra de escándalos de corrupción que asolan a su formación desde hace años. Se trataba de una «muerte anunciada», puesto que ella ya había comunicado que iba a dejar la presidencia del PP de Madrid tras el próximo Congreso Regional que se celebrará cuando se forme gobierno, según anunció Rajoy.
Pero con este golpe de efecto deja fuera de juego a Mariano Rajoy. La dirección del PP nacional ya no podrá hacer declaraciones públicas a partir de este lunes diciendo que Aguirre es la que debe de dar explicaciones a este respecto. Continuará como concejala y portavoz del PP Ayuntamiento de Madrid. Es decir sin blindaje de aforamiento, no como su compañera de formación Rita Barberá, que ha sido incluida en la Diputación Permanente de la Cámara Alta.
Aguirre ya ha dejado claro que su decisión no tiene nada que ver con una cuestión penal, puesto que está convencida de que la investigación judicial no llegará hasta ella, pero después del registro que la Guardia Civil hizo el pasado jueves a la sede del PP de Madrid y las sospechas sobre financiación ilegal que pesan sobre su partido se ha visto obligada a asumir su «responsabilidad política». En el PP de Madrid su decisión no ha supuesto ninguna sorpresa: «todo el mundo veía que la situación se había deteriorado mucho y que esto pasaría tarde o temprano».
Fuentes 'populares' consultadas por Estrella Digital, aseguran que en el partido se ha «comprendido» esta decisión: «No quedaba más remedio». Y además son conscientes de que la estrategia que ha empleado la 'popular' tiene por objeto presionar a Rajoy. «No es tiempo de personalismos, sino de sacrificios y cesiones», ha advertido Aguirre cinco días después de que el líder del PP decidiera blindar a Barberá en el Senado.
Gestora en el PP de Madrid
Ahora se abre un tiempo nuevo en el PP de Madrid. «La situación es complicadísima», advierten en la formación. La situación de Aguirre en la formación era de interinidad, pero Génova confiaba en mantener la situación tranquila hasta el momento del Congreso Regional, que llegaría después del nacional.
Según marcan los estatutos de la formación, su sucesor natural debería de ser su secretario general, Ignacio González, pero lo cierto es que él ya había expuesto hace un mes su intención de dejar ese puesto. Ahora, las opciones que tiene la dirección nacional son dos: nombrar una gestora (una opción que su reglamento sí contempla para las estructuras provinciales, pero no para las regionales) o convocar una Junta Directiva Regional para nombrar a un sucesor temporal hasta que se celebre el Congreso.
En esta carrera, el nombre que suena con más fuerza es el de Cristina Cifuentes. Ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto la persona más legitimada para ocupar este puesto. No obstante, Aguirre ya ha advertido de que hará todo lo posible porque la elección de su sustituto se haga mediante un sistema abierto en el que cada militante tenga un voto.
Fracaso como 'cazatalentos'
Fuentes consultadas por este diario aseguran que no hay duda sobre la «honradez» de Aguirre, pero sí hay muchos compañeros de formación que le afean su 'tino' para elegir a personas de confianza. «No han sido pocas las veces que algunos le hemos advertido sobre gente que hoy está acusada de algún delito», destaca un 'popular' consultado.
Los nombres se multiplican en su lista negra. Francisco Granados, al que apartó de la secretaría general del PP de Madrid en 2011, quizás fue el caso más clamoroso, y el principal culpable de su situación actual. La sombra del 'caso Gürtel' ya le nubló, pero su certificado de muerte no llegó hasta octubre de 2014, cuando estalló la 'operación Púnica'. A Granados se le atribuye «formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias». Pero sin duda alguna, el exalcalde de Valdemoro no fue su único error.
Desde que Aguirre se convirtió en la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003, no han sido pocos los hombres de su círculo más íntimo que han sido señalados por la justicia al estar relacionados con hechos poco lícitos. Alberto López Viejo, que llegó a ser viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes y perteneció al círculo íntimo de Aguirre, movió 1,6 millones de euros hasta 2009 en cuentas en Ginebra. Es más, le imputaron en la trama Gürtel, presuntamente por amañar contratos públicos de la Comunidad de Madrid en favor de Correa.
Tampoco se libró el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, imputado en el 'caso Gürtel'. Así como tampoco el hombre fuerte del PP en Arganda del Rey. Ginés López, alcalde durante tres legislaturas, también fue señalado en la Gürtel. Y suma y sigue. Pocos años después, en Boadilla del Monte también cayó Juan Siguero que supuestamente dimitió para no perjudicar al partido. Y cómo olvidar a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, exmarido de Ana Mato y otro de los hombres de confianza de Aguirre. Según la investigación, el ayuntamiento que dirigía concedió obras y eventos por valor de 5,2 millones de euros a empresas de la trama Gürtel.
Hoy la lista la cierra Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid. Fue apartado de la gerencia a finales de 2014 por su implicación en el escándalo de las 'tarjetas black', también de una asesoría en el Ayuntamiento de Madrid, pero nunca le faltó el sueldo del PP madrileño. Una mala decisión de Aguirre que ha acabado precipitando los acontecimientos. El hecho de que Gutiérrez aún fuera trabajador del PP de Madrid llevó el pasado jueves a la Guardica Civil a registrar la sede regional en busca de pruebas de financiación ilegal.