Izquierda Unida – Unidad Popular y el Partido Socialista acercan sus posturas para que la formación dirigida por Alberto Garzón dé su apoyo a Pedro Sánchez en su investidura, que se celebrará a partir del 2 de marzo, fecha que hoy mismo ha fijado el presidente del Congreso, Patxi López.
El equipo negociador del PSOE ha hecho público un documento con acuerdos «de consenso y de gran trascendencia» ya alcanzados en materia social, laboral, reforma del sistema democrático y lucha contra la corrupción. Se comprometen, además, a aprobar un pacto contra la violencia de género.
A pesar de haber alcanzado varios acuerdos, han dejado claro que seguirán conversando “para alcanzar una serie de compromisos mínimos que justificarían el voto a favor de IU-UP” en la investidura de Sánchez.
El documento se recogen medidas que ambas formaciones consideran de urgente aplicación, como la creación de un Ingreso Mínimo Vital para familias sin ingresos y el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), ambas dentro del apartado que han denominado emergencia social.
Dentro de las propuestas de este tipo, también se comprometen a recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Además, incluyen algunas medidas ligadas al derecho a la vivienda para las personas desahuciadas por “insolvencia sobrevenida” pero también quieren dar garantías de suministro de agua y energía en todos los hogares.
Derogación de la reforma laboral
PSOE e IU han acordado derogar la reforma laboral del PP, así como la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores y un plan de choque para el empleo.
El documento, que recoge de manera sucinta los pactos alcanzados, también trata la reforma del sistema democrático para la que consideran necesaria la derogación de la llamada ‘ley mordaza’ y artículos de otras leyes, como el 315.3 del Código Penal sobre el derecho a huelga.
Dentro de este apartado, y a modo de cajón de sastre, también se han comprometido a aprobar una ley de muerte digna, reformar el sistema electoral y un pacto anticorrupción, con el que pretenden para endurecer los delitos por corrupción, prohibir los indultos por corrupción o violencia de género y crear una oficina Anticorrupción.