La Audiencia Nacional ha ordenado a la juez Central de Instrucción 3, Carmen Lamela, que investigue si 76 presos de la organización terrorista ETA utilizaron títulos universitarios falsos para reducir sus condenas siguiendo «una práctica concertada». Entre los etarras que podrían haberse beneficiado se encuentra Iñaki de Juana Chaos, Inés del Río, Francisco Múgica Garmendia, alias 'Pakito', o Domingo Troitiño.
En un auto hecho público este miércoles, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal asegura que los hechos, archivados el pasado mes de diciembre por la magistrada, podrían constituir un delito de terrorismo cometido no tanto por los internos que se beneficiaron de los recortes de penas, sino por «aquellas personas que les hubieran facilitado tales documentos».
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel ponen de manifiesto que estos títulos falsos contribuyeron, de forma fraudulenta, a la puesta en libertad anticipada de condenados por pertenencia a la organización terrorista.
«Se aprecian indicios de que puede haber existido una práctica concertada en la facilitación de los certificados y que ésta se realizó desde fuera de las instituciones penitenciarias con la finalidad de colaborar con ETA», dicen los tres jueces.
La juez Lamela archivó la causa, abierta en noviembre por antecesor el juez Juan Pablo González, a partir de una denuncia interpuesta por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Consideraba, en consonancia con la Fiscalía, que el delito de colaboración con el terrorismo no habría sido cometido por los presos de la banda sino por «aquellas personas que hubieran facilitado» los documentos a los presos para conseguir «fraudulentamente» su «libertad anticipada».
Aunque la denuncia de COVITE hablaba de títulos universitarios otorgados por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Vizcaya), Lamela señalaba que en la misma no se facilita «la identidad» de los trabajadores que los entregaron y «contra los cuales» debería dirigirse el procedimiento.
Sí a la falsedad
A su juicio podría haberse producido la comisión de uno o varios delitos de falsedad por parte de «personas ya condenadas», en referencia a los 76 presos etarras, y «en beneficio exclusivo» de ellos, por lo que la colaboración imputada a tercera personas sería en relación a un delito de falsedad y no de terrorismo. «La acción principal constitutiva de delito es el uso de documentos falsos», recuerda.
Lamela también destacaba que, a pesar de que el colectivo de presos de ETA haya sido considerado «un frente de lucha» de la organización terrorista, las falsedades documentales que se denuncian «no pueden entenderse cometidas con ninguno de los fines o medios» que el Código Penal atribuye a los delitos de terrorismo. Por ello remitía la causa al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.
Etarras denunciados
Entre los etarras denunciados por Covite también se encuentran José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta; el ahora dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre, quien «supuestamente obtuvo la carrera de Sociología pese a que realizó la Selectividad en 2001, más de diez años después de iniciar sus estudios universitarios (1988)»; Ramón Aldasoro Magunacelaia; Imanol Haranburu Carrera; José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'; e Iñaki Arakama Mendia, alias 'Macario'.
Asimismo, fueron denunciados Juan Luis Aguirre Lete; Cándido Aspiazu; Dolores Gorostiaga; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena; Valentín Lasarte; Idoia López Riaño, 'la Tigresa' y Jon Igor Solana Matarran.
En su denuncia, Covite aseguró que los documentos «habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios». En otros casos «ni siquiera constaban las vías de acceso».