Los suegros del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid y antiguo alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, guardaban en un maletín, cerrado con «dos» candados y «oculto» por varios libros en un altillo, cerca de un millón de euros, divididos entre 1.630 billetes de quinientos y otros centenares por valor de doscientos y cien euros.
Así consta en el acta de entrada y registro de su domicilio de Valdemoro que se produjo el 18 de diciembre de 2015 en presencia de Juan Alarcón y Catalina Castellanos, quienes se encuentran imputados por presunto blanqueo y colaboración en la ocultación del dinero, y de los tres hijos del matrimonio.
Según figura en el sumario del caso 'Púnica', los agentes de la Guardia Civil intervinieron también en el registro cuatro plumas estilográficas Mont Blanc, un reloj dorado de la prestigiosa joyería Tiffany y las garantías de otros dos relojes de alto valor.
En el altillo de uno de los armarios de un dormitorio, un guardia civil encontró, «oculto» tras varios libros, un maletín marca Valisa cerrado con «dos candados», que tuvo que ser abierto con un cuchillo. En su interior, encontraron «un maletín, archivador o caja negra de IMEFE (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial) lleno de billetes».
En concreto, contenía 604 billetes de cien euros (60.400), 233 billetes de 200 euros (46.600), 1.630 billetes de 500 euros (815.000), con lo que el valor total ascendía a 922.000 euros.
Los efectivos del Instituto Armado, que localizaron también en el dormitorio otro fajo de billetes de 500 euros, preguntaron a la familia por el origen del dinero. Tanto los suegros del considerado 'cabecilla' de la trama Púnica como los tres hijos del matrimonio Alarcón dijeron desconocer su procedencia.
En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el suegro de Granados aseguró que no veía capaz a su hija Nieves Alarcón y su yerno de esconderle en casa el maletín con casi un millón de euros que la Guardia Civil le encontró, porque no creía que fueran «tan retorcidos».
El suegro de Granados declaró ante el juez el pasado diciembre sobre el maletín encontrado en un altillo de su casa en Valdemoro, en concreto, en su dormitorio. El hombre aseguró no poder explicar la aparición, porque la primera vez que vio esa valija fue cuando la encontró la Guardia Civil.
El suegro de Granados explicó que por su habitación pasaba «tal cantidad de gente» que cualquier pudo dejarlo allí y citó a fontaneros y a operarios de Ikea, que le habían colocado un armario, según la declaración que forma parte del sumario del 'caso Púnica'.
«No pienso que mi yerno ni mi hija sean capaces de hacerme una faena. Le juro que la primera vez que vi el bolso fue esa», dijo, e insistió: «No creo que tengan tan mal gusto de meternos en un lío»
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.
En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.
El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.