La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Argentina al médico Carlos Fernando Gori acusado de participar en homicidios y torturas cometidos a partir de 1976, primer año de la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla, al considerar que la acción penal ha prescrito y las autoridades del país andino no aclaran los hechos «concretos» que le imputan.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que se opone a la petición del juzgado federal de primera instancia de lo Criminal y Correccional de Mar del Plata de entregar al reclamado por delitos de lesa humanidad, asociación ilícita, privación ilegal de libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidios agravados.
Según la reclamación, Gori era en 1976 el jefe del Departamento de Sanidad de la Fuerza de Submarinos, desde el que habría contribuido a «mantener ilegalmente detenidas en condiciones inhumanas a disidentes y presos políticos», a quienes mantenían «maniatados sometidos a todo tipo de tormentos» con el fin de obtener información.
Los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel ponen de relieve el «grado de sospecha» en el que se mueve la imputación asentado «exclusivamente» en el dato de su «destino profesional«, sin que se indique cuales fueron los hechos concretos que se le atribuyen entre el 4 de febrero y el 26 de noviembre de 1976.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco impuso el pasado octubre a Gori, de 75 años, la obligación de comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio, tras haber sido detenido en septiembre en Alicante en virtud de la petición de entrega cursada por las autoridades argentinas.