La excúpula de UM, encabezada por la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, ha sido condenada a multa tras admitir que permitió el desvío de 200.000 euros públicos mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.
Junto a la exdirigente histórica de la extinta UM se han declarado culpables de estos hechos el exvicepresidente de la formación Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, así como otros siete acusados.
Los cuatro exmáximos dirigentes de la formación se enfrentan, en concreto, a nueve meses de prisión por delitos de malversación y prevaricación que en el caso de Munar serán sustituidos por una multa total de 10.800 euros, en el de Nadal y Flaquer, por 6.480, y en el de Buils, por 5.400.
Mientras tanto, se les ha retirado la acusación a siete de los inculpados, entre ellos la exportavoz de UM Catalina Julve y el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas. Los hechos se enmarcan en la pieza 13 del conocido como caso Voltor.
El pasado miércoles la excúpula 'uemita' ultimó un pacto que conllevará una rebaja sustancial en las peticiones de pena a las que se enfrentan los exdirigentes del partido. Se trata de la primera vez que Munar, en prisión desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas que suman 11 años y medio de cárcel, da un paso firme de cara al reconocimiento de las presuntas irregularidades que habría auspiciado.
Munar fue condenada a seis años de cárcel por las irregularidades en la adjudicación de los terrenos -el pago del soborno será enjuiciado aparte-, así como a cinco años y medio por desviar 240.000 euros públicos del Consell a favor de la productora Vídeo U, empresa que controlaba junto a Nadal, a través de testaferros, cuando ambos eran los máximos responsables de la Institución insular.
Otras causas
Cabe recordar que otras causas, como Picnic, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.
También otros procedimientos indagan la supuesta captación de votos por parte del partido y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.
Disolución de UM
Cabe recordar que el estallido del caso Voltor, en febrero de 2010, llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.
Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvió acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.