Cinco años despues de la muerte de dos infantes de marina en acto de servicio, y de que otros dos quedaran terriblemente heridos y mutilados, ni una sola mención ni acto de homenaje habrá en el Tercio de Armada, unidad a la que pertenecían. En aquella explosión murieron también dos sargentos y un cabo del Ejército de Tierra. Lejos han quedado los gestos de dolor y las declaraciones de solidaridad y seguridad en el futuro de aquel 24 de febrero de 2011 en que una brutal explosión en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid) cambió la vida de Candón y su compañero Raúl González.
Viudas, huérfanos y también supervivientes de aquel suceso que conmocionó a la Fuerzas Armadas por su devastadora destrucción, se sienten abandonados por el Ministerio de Defensa. Todos se han debido conformar con los poco más de 20.000 euros de indemnización por el seguro colectivo de las FAS, y las pensiones han resultado especialmente magras (menos de 600 euros en el caso de algún familiar de un fallecido). Defensa y el Consejo de Estado han decidido, tras dictámenes contradictorios, eludir el pago de cualquier responsabilidad patrimonial. Resultado de aquello, Candón ha iniciado acciones en la Justicia ordinaria, con una demanda en la Audiencia Nacional.
La misión aquella mañana de los equipos de desactivación de explosivos era adiestrarse en la neutralización de minas contracarro de fabricación rusa que se podrían encontrar en Líbano. Dos equipos de Infantería de Marina que debían salir hacia la misión de la ONU en unas semanas se entrenaban en las instalaciones de Hoyo de Manzanares junto a sus colegas del Ejército de Tierra. Pero las minas que recibieron no resultaron ser válidas para el ejercicio previsto. Realmente no lo eran para casi nada, salvo para destruirlas. Se trataba de unas minas fabricadas en 1974, que habían caducado. Sin embargo, un informe del Ejército de Tierra decidió alargar la vida útil de las mismas en septiembre de 2010. La mañana de febrero de 2011 por tanto los TEDAX se tuvieron que enfrentar a ellas. El caso es que reventaron, según el informe pericial de la Guardia Civil, probablemente por falta de estabilidad química de las mismas, dada su antigüedad.
Tras las muertes, las honras militares, el dolor de las familias y el de los heridos, los supervivientes a aquella descomunal detonación se encontraron el muro de la burocracia militar. Aunque los informes iniciales de los servivios juridicos de Defensa admitían la responsabilidad patrimonial del Estado en aquel salvaje accidente, finalmente el general auditor García Labajo, a cargo de la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa, decidió denegarla. El Consejo de Estado decidió no variar este dictamen.
Viudas, huérfanos, heridos como Candón que ha perdido un ojo y lleva 35 operaciones y necesita cuidados médicos diarios, se enfrentaron al frío de la Administración en contra. Sus pensiones han de bastar y, en el caso de Candón, tiene hasta problemas para que el Instituto Social de la Fuerzas Armadas (ISFAS) le abone facturas de algunas medicinas que le han prescrito los médicos.
Hoy, en la base de la que salieron para entrenar en su misión y a la que nunca volvieron, en el Tercio de Armada, no habrá una sola mención a sus caídos ni a sus heridos. Una ignominia más, quizás entre las más dolorosas. Como reza el solemne canto de homenaje a los caídos, «La muerte no es el final».